Los Estados Unidos y la República Dominicana anunciaron este miércoles la entrada en vigencia de un nuevo tratado de extradición para sustituir el vigente, que ya era centenario, pues fue rubricado el 19 de junio de 1909, y entró en vigencia el 2 de agosto de 1910. En ese entonces no existían la mayoría de los crímenes o delitos de hoy en día.
Pero este tratado era tan desigual que solo permitía la extradición de los dominicanos, pero casi nunca se lograba que un ciudadano de Estados Unidos fuera juzgado en un tribunal criollo. También cuando se producía el apresamiento de un acusado por un gran caso de narcotráfico, Estados Unidos se lo llevaba en extradición, lo juzgaba y llegaba acuerdos que implicaba la devolución de los bienes obtenidos por la ilícita actividad, o rebajas de penas, sin tomar la opinión de la República Dominicana.
En estos casos están las extradiciones y luego repatriaciones de Quirino Ernesto Castillo y Antonio Rosario (Toño Leña), a quienes se señaló como dos de los más grandes narcos de los últimos tiempos.
El nuevo acuerdo contempla temas como la obligación de conceder la extradición o facilitarla respecto de aquellos delitos que no eran susceptibles de ser cometidos y tipificados hace 106 años, cuando se firmó el anterior tratado.
Consigna el establecimiento de una cooperación “más eficaz entre las partes, planteando un mayor detalle sobre los requisitos y procedimientos de entrega de personas que infrinjan la ley, incluyendo también solicitudes de arresto provisional”. Persigue enfrentar de manera eficiente el crimen y la delincuencia nacional e internacional, y abarcará nuevas modalidades delictivas, como los tipificados de alta tecnología, terrorismo, narcotráfico y sicariato. El acuerdo fue firmado a nombre de sus respectivos países, por el ministro de Relaciones Exteriores, Miguel Vargas, y el embajador de Estados Unidos, James W. Brewster. En el acto celebrado en la sede de la Cancillería, estuvieron el procurador general adjunto, Rodolfo Espiñeira, en representación del titular Jean Alain Rodríguez; el presidente del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara; el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Espinal, y el ministro de Defensa, teniente general Rubén Paulino Sem y otros funcionarios.
