La procuradora fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, manifestó este martes que esa entidad no ha podido comprobar la existencia de la supuesta herencia de la familia Rosario.
“La misma familia Rosario se ha volcado contra la Fiscalía del Distrito Nacional, porque ellos no quieren que nosotros utilicemos la palabra estafa, porque para ellos el abogado Johnny Portorreal tiene el dinero de la herencia y el delito de él es que no lo quiere entregar”, indicó.
El abogado Portorreal, principal imputado en la presunta estafa, es el único de los cuatro acusados que permanece prófugo de las autoridades.
“La información que yo le doy a la familia es que hasta este momento la Fiscalía del Distrito Nacional no ha podido comprobar lo que corresponde a la existencia de ese dinero. En las redes ellos se han volcado un poco en contra, incluso han circulado audios convocando a manifestaciones”, indicó.
En una entrevista concedidas al programa Hoy Mismo, de Color Visión, canal 9, la fiscal manifestó que el abogado Portorreal aun continúa en el país.
El tribunal dictó libertad pura y simple para Hilario Amparo, otro de los implicados por la Fiscalía del Distrito Nacional.
En el expediente acusatorio también figuran como imputados Miguelina Gómez Santana, con prisión domiciliaria e impedimento de salida, y Johnny Portorreal.
Origen
La herencia de los Rosario se trata de la supuesta fortuna que hicieran a mediados del siglo XIX Jacinto Rosario y su padre, Celedonio, quienes presuntamente eran propietarios de una mina de oro en República Dominicana.
“Por lo público que siempre la familia hizo todo el proceso yo me esperaba que esto podía ocurrir, ustedes recuerdan la convocatoria para las denuncias que se hicieron en todos los medios y gracias a esa convocatoria se lograron 283 denuncias en ese sentido”, sostuvo.
Manifestó: “Dos meses antes de solicitar la orden de arresto, comencé a hacer mi tarea en el aspecto de que le comenzamos a hacer una inteligencia para ubicar donde estaba el señor Portorreal y desde ya desde ese momento ya el señor no daba señales”.
Implicados
Por el caso, la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso prisión domiciliaria con el uso de grillete electrónico a Miguel de Óleo Montero. El acusado tiene impedimento de salida del país y debe pagar una garantía económica equivalente a un millón de pesos, bajo la modalidad de contrato.
