En Corcovado, un parque nacional ubicado al sur de Costa Rica, es fácil ver dantas en los bosques o tiburones toro en las aguas del Pacífico que bañan este reducto salvaje que concentra el 2,5% de la biodiversidad mundial en un territorio más pequeño que Andorra. Con mucha suerte se puede captar a un jaguar en plena cacería y, con mucha menos, a un miembro de las redes de narcotráfico que llevan cocaína desde Colombia hasta Estados Unidos y que usan los humedales o los bosques como una suerte de bodegas. Para hacerles frente, el Gobierno tico ha tomado la decisión de armar a sus guardaparques.
Ahí queda playa Llorona, una zona casi virgen en medio de cascadas y bosque primario, donde en la madrugada del 10 de mayo cayó herido un guardaparques que colaboraba con la policía en la captura de dos narcotraficantes cuyo barco semisumergible quedó encallado con más de dos toneladas de cocaína. Lo pudieron sacar por aire al día siguiente para que le atendieran tras haber sufrido un disparo en el abdomen. La información aparece fácil al buscar “playa Llorona” en un buscador digital, como si el narcotráfico fuera una especie más.
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Los decretos de este país centroamericano que protegen más de la cuarta parte de su territorio, una proporción similar a la de Brasil, el mayor pulmón del planeta, pero con solo un guardaparques por cada 4.000 hectáreas protegidas, al Estado le resulta imposible custodiar sus tesoros naturales sobre los que se edifica tanto su imagen de país conservacionista como la poderosa industria turística, que aporta divisas, el 8% del PIB a una economía renqueante y supone una importante inyección de recursos para unas arcas públicas que no pasan sus mejores años. “Andan muy mal. La protección es pésima”, dice a EL PAÍS Mario Boza, uno de los padres del programa de parques nacionales que Costa Rica comenzó en la década de los setenta y que desde entonces no ha parado de crecer, hasta llegar a las actuales 143 áreas protegidas, 13 de ellas bajo administración privada. Este año, el Ejecutivo de Carlos Alvarado (centroizquierda) creó una reserva alrededor del volcán Miravalles (noroeste) con solo dos funcionarios y sin presupuesto asignado.
Es una de las luchas del actual ministro de Ambiente, Carlos Manuel Rodríguez, que lamenta no disponer de recursos mínimos para atender a bosques que tantos recursos genera. El sábado se celebró el día de los parques nacionales con un anuncio de inversión de 300.000 dólares en fusiles para los guardaparques y la donación estadounidense de chalecos antibalas que podrían evitar a otros guardaparques recibir un balazo en el abdomen como el que hirió al funcionario en playa Llorona. “Puedo decir que en Costa Rica hacemos un manejo aceptable de las áreas protegidas y las reservas biológicas. No es algo que se quede en el papel. Nuestra gran ventaja es que el tema de conservación es defendible también por la vía del negocio”, explica Rodríguez a este diario. Boza dice, por su parte, que son 23 millones de dólares por año lo que se puede atribuir directamente a las áreas protegidas.
“Aquí son los ciudadanos los que nos traen denuncias de caza, de tala o de destrucción del bosque o los manglares, de contaminación de aguas… El país tiene la conciencia de que es más rentable el árbol en el bosque que un árbol talado”, rescata el ministro Rodríguez. Esas denuncias, sin embargo, casi no existen en las zonas más despobladas, que suelen coincidir con las más ricas en naturaleza. Es lo que ocurre en Corcovado o en el Parque Internacional La Amistad que Costa Rica comparte con Panamá. O lo que pasa en Tortuguero, junto al mar Caribe, cerca de donde en 2013 mataron a un conservacionista llamado Jairo Mora que luchaba contra los saqueadores de huevos de tortuga.
De luchar contra cazadores a hacerlo contra narcotraficantes
“Hay áreas protegidas que son ejemplo de buena gestión, pero no son todas. El mayor problema es la falta de recursos, a pesar de que los parques generan mucho dinero”, agrega el ministro Rodríguez, que se lamenta de la política de recortes que rige para todo el Gobierno por la crisis fiscal que vive el país. “Llevamos cinco gobiernos (20 años) sin invertir en los parques y cada vez tenemos más temas complicados, como el narcotráfico”, agrega. La precaria situación ha despertado el malestar en el gremio de los guardacostas, que se ha negado a participar este sábado en las celebraciones oficiales.
Los guardaparques, vistos como héroes protectores del tesoro natural, trabajan en desventaja. En otros tiempos luchaban contra un pobre hombre que intentaba cazar un tepezcuintle con una escopeta. Ahora pueden verse solos y rodeados por comandos narcotraficantes que tampoco tienen ninguna sensibilidad ambiental. Si hay que incendiar un bosque para distraer a las autoridades, lo hacen. Si hay que contaminar un manglar con combustible de las lanchas, ningún problema. Si tienen que sobornar o disparar, tampoco. “Aquí se ha visto de todo y o hemos denunciado”, dice sin querer dar su nombre una mujer que trabaja en Corcovado, en uno de los abundantes servicios de hospedaje de pequeña escala.
Boza lo tiene claro: ya no hay marcha atrás. «Costa Rica ha sido muy exitosa conservando bosques y más recientemente los mares. Eso implica una tarea más: cuidarlos. Ya no podemos permitirnos retroceder y empezar a recortarle pedazos a las zonas protegidas, como en Brasil», dice. «Por suerte aquí aún hay conciencia ciudadana, hay desarrollo científico y una industria turística que, en general, ayuda a paliar esa falta de dinero para la protección y que hace que este país siga siendo un modelo».
