Santo Domingo es una ciudad colapsada en todos los sentidos, que no funciona como debía hacerlo una capital del siglo 21. Una de las causas originales de esto podría estar en que la zona urbana creció, desmesuradamente y sin control, desde que, en 1965, el país sufriera otra invasión militar de Estados Unidos. Industriales, comerciantes y simples ciudadanos, horrorizados por la conflagración bélica durante cinco meses, decidieron mudarse, con todos sus recursos a cuestas, para crear nuevos espacios, sin tomar en cuenta las reglamentaciones debidas.
La migración del campo hacia la ciudad aceleró entonces su marcha, y los más desposeídos empezaron a apoderarse de terrenos ajenos, muchas veces en zonas “suicidas”, sin que la “autoridad” cumpliera con su deber de “respetar y hacer respetar las leyes”. Funcionarios civiles y militares se sumaron al desorden al apropiarse de bienes públicos y privados como trofeos de guerra. Podría asegurarse que la inmensa mayoría de las viviendas construidas desde 50 años atrás fueron, en principio, asentamientos ilegales.
El deterioro se acentuó merced a la corrupción y a la ignorancia de los alcaldes capitaleños que han encabezado los gobiernos municipales durante medio siglo. La politiquería ha colocado para dirigir el ayuntamiento capitalino a personas que han contribuido a que Santo Domingo se convirtiera en un inmenso arrabal.
Un factor determinante para instituir el desorden urbano se inició cuando, en 1966, el gobierno de Balaguer empezó a poner en práctica lo que se dio a conocer como “Urbanismo de Contrainsurgencia”. Este plan, con fundamentos eminentemente militares, escogió la avenida 27 de Febrero como vía potencial para el despliegue rápido y motorizado entre las principales bases militares y el aeropuerto internacional. Además, esta vía estratégica dividiría la ciudad en zonas que podrían ser aisladas en caso de movilizaciones sociales de gran magnitud.
En otras palabras, el urbanismo de contrainsurgencia se impondría como herencia inmutable para desarrollar el tránsito de vehículos de Este a Oeste teniendo la velocidad como objetivo fundamental a conseguir. Poco se ha hecho para acondicionar las vías paralelas y perpendiculares a ese eje que permitieran organizar el tránsito que desordenadamente surge de esa autopista urbana.
A pesar de las multimillonarias inversiones realizadas a lo largo, por encima y por debajo de la avenida 27 de Febrero, nada ha mejorado para el tránsito vehicular y peatonal dentro de un largo período de paz relativa. Por el contrario, todo ha empeorado y nada mejor para confirmar esto que medir el tiempo que el ciudadano tiene que consumir para llegar de un lugar a otro por esa vía. Inadvertidamente, cada conductor y pasajero paga un peaje invisible enorme por transitar “La 27”.
De lo que hay que estar consciente es que todos los problemas del tránsito y del transporte en Santo Domingo nunca se resolverán si no se solucionan los inconvenientes de sus partes. Las principales intersecciones de avenidas y calles en el Distrito Nacional han llegado a desarrollarse como isquemias, y hasta infartos, en el fenómeno del tránsito. Cada una de estas es un obstáculo que tiende a acrecentarse, ya que no encuentra solución, sino empeoramiento, en los cruces de vías principales.
Lograr que fluya adecuadamente la millonada de vehículos de motor de todo tipo es una tarea que requerirá tanto o más tiempo que el transcurrido para llegar al nivel actual de deterioro. La esencia del problema predominante está en que, hasta ahora, se ha esgrimido la velocidad de los vehículos como el aspecto a privilegiar y no la fluidez constante.
El tránsito de vehículos empeora a diario porque la cantidad de estos aumenta constantemente, mientras las vías mantienen las mismas dimensiones y las infracciones se multiplican indeteniblemente.
La cantidad de vehículos livianos crece exponencialmente, porque no ha habido una política consistente para fortalecer un sistema colectivo de transporte. El peatón está obligado a buscar por su cuenta y riesgo los medios cotidianos de transporte ante el desprecio demostrado por las autoridades para generar soluciones colectivas eficientes. Además, el desorden hace que la capacidad de las principales vías haya sido superada con creces hasta el punto de que la saturación de estas ha devenido en algo permanente.
Indudablemente, el tránsito urbano de hoy es peor que el de ayer y el de mañana será peor que el de hoy, si no se toman medidas basadas en la realidad cotidiana, al margen de dudosos intereses de los políticos.
Lo que hasta ahora han construido los gobiernos dominicanos del siglo 21, nada ha mejorado sino que, por el contrario, ha empeorado la movilidad urbana hasta convertirnos en el país peor calificado en cuestiones de tránsito. A su vez, la impotencia sentida por los conductores con los taponamientos provoca una fuente de violencia que ha instituido como norma la ley del más fuerte y, como consecuencia, el irrespeto a la autoridad que, a todas luces, es incapaz de resolver los problemas que surgen.
El tránsito y el transporte en Santo Domingo están sumidos en una profunda crisis. Y esa crisis llegó para quedarse entre nosotros por muy largo tiempo, tanto como el que tomó para deteriorarlo. Como primer paso en defensa del futuro debemos involucrar a la ciudadanía en la toma de decisiones y en la puesta en práctica de éstas.
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