La inseguridad ciudadana y la percepción de que las autoridades han perdido la batalla en el combate a la delincuencia siguen siendo parte de los temas que más preocupan a la sociedad dominicana, según revelaron todos los estudios, nacionales e internacionales que se realizaron durante el año 2015, para medir la incidencia de esas problemáticas.
El auge de robos, asaltos, homicidios y otros males atribuidos a las alegadas deficiencias, principalmente, de la Policía Nacional para combatirlos, hizo que por cuarto año consecutivo los agentes policiales debieran hacerse acompañar de miembros de las fuerzas armadas para realizar sus labores de patrullaje en las calles de la nación.
Comerciantes y empresarios denunciaron, de forma reiterada, los gastos e inconvenientes que les causa la falta de garantías de seguridad para la operación de negocios, la atracción de inversión y ser competitivos en materia turística.
La frecuencia con que miembros de la policía se insertan en hechos delincuenciales reavivó el viejo reclamo de que la institución sea reformada y reorientado el rol que debe cumplir.
El Observatorio de Seguridad Ciudadana de la República Dominicana, que registra los indicadores de seguridad en el país, reporta que desde enero hasta septiembre del año que concluye se habían producido 1,270 homicidios, 396 suicidios; y en total registra unas 1,783 muertes violentas.
Aunque según la misma fuente, esos datos revelan una disminución en cada uno de esos renglones con relación al 2014, las expresiones manifestadas por los ciudadanos a través de las diferentes mediciones que hacen firmas encuestadoras, revelan que la mayoría de los dominicanos sienten miedo al realizar sus actividades habituales de ser posibles víctimas de la delincuencia que acecha.
En la mañana del 23 de julio, tres hombres que se desplazaban a bordo de una motocicleta asaltaron la sucursal del Banco del Progreso, ubicada en la avenida Sabana Larga del municipio Santo Domingo Este, de donde cargaron con unos RD$600,000. Mientras, el medio día del 30 del mismo mes, otros tres hombres asaltaron la sucursal del Banco Popular ubicada en la avenida Gregorio Luperón, esquina Olof Palme, donde mataron al vigilante privado Sabino Méndez, y cargaron con la suma de RD$1.8 millones y US$2,276 en efectivo.
El tercer día del mes de agosto, el Poder Ejecutivo designó mediante el decreto 234-15 al mayor general Nelson Ramón Peguero Paredes como nuevo jefe de la Policía Nacional, en sustitución del también mayor general Manuel Castro Castillo. Peguero Paredes ocupaba la posición de Jefe de la Dirección Regional Oeste de la uniformada, con asiento en San Juan de la Maguana.
El siete de agosto, la Policía Nacional lanzó el patrullaje mixto, entre agentes de esa institución y las fuerzas armadas, para la provincia Santo Domingo y el Distrito Nacional, dispuesto por el presidente de la República, Danilo Medina, para combatir el auge de la delincuencia y la criminalidad, integrado por unos 3,700 uniformados, de los cuales 1,900 pertenecen la Policía.
La fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, sostuvo que en el 90% de los casos de criminalidad que ocurren en el país están involucrados policías y militares. Mientras el presidente de la Comisión Permanente de Interior y Policía de la Cámara de Diputados, Elpidio Báez, dijo que “la Policía está podrida entera, está podrida desde los pies hasta la cabeza”, al referirse a la necesidad de que esa institución sea reformada de forma integral.
La presidenta de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE), Biviana Riveiro, pidió a las autoridades reforzar las medidas para garantizar la seguridad ciudadana, ya que está preocupada con la creciente ola de delincuencia en el país que afecta a los ciudadanos y los negocios. En ese mismo tenor se pronunció el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Rafael Blanco Canto, quien dijo que la inseguridad es el principal y más acuciante problema de República Dominicana.
Un amplio debate se generó en torno al salario que devengan los miembros de la Policía Nacional, luego que el raso de esa institución, Daurin Muñoz Martínez colgó un vídeo en las redes sociales en el que lo calificó de “sueldo cebolla” porque alegadamente, al verlo dan ganas de llorar. La denuncia causó expectativas, por varios días, sobre las posibles medidas disciplinarias que podía recibir el agente, tras lo cual fue anunciada su cancelación por “mala conducta” al considerarse que violó varias disposiciones del ordenamiento policial.
