El aturdimiento que parece haber dejado en el chavismo la derrota en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre deja al país en vilo ante una situación inédita. Por un lado, el Tribunal Supremo debe decidir si permite que ocupen su escaño tres diputados opositores después de haber aceptado la impugnación planteada porel Gobierno de Nicolás Maduro. El chavismo maniobra para boicotear en los tribunales la constitución de un Parlamento con mayoría opositora el próximo 5 de enero. La oposición ya ha anunciado que no aceptará el fallo y que se presentará con sus 112 diputados en la Asamblea.
El miércoles a última hora, la víspera de Nochevieja, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) aceptó siete recursos presentados por el chavismo para impugnar los resultados electorales en tres Estados. Para respaldar uno de esos recursos, el TSJ —controlado por el Gobierno— aceptó además como medida cautelar la suspensión de la proclamación de los diputados electos en el Estado de Amazonas, tres de la oposición y uno del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv).
El efecto práctico de la medida cautelar es impedir la juramentación de esos diputados el próximo martes 5 de enero, día en el que se debe instalar la nueva Asamblea Nacional. La oposición agrupada en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) ya ha anunciado que no acatará el fallo judicial, y que el martes acudirá al hemiciclo del Parlamento con todos sus 112 diputados electos. La MUD ya ha denunciado lo que califica como “golpe de Estado judicial” ante organismos internacionales y, a través de una carta suscrita por el dirigente del partido Primero Justicia (PJ), Julio Borges, ha solicitado a las Fuerzas Armadas que ayuden a respetar la “voluntad popular”.
De prosperar los recursos cuando la Sala Electoral del TSJ estudie el fondo de los casos, se podría ordenar la repetición de los comicios en todas las circunscripciones en cuestionamiento, lo que afectaría a 10 escaños. El propósito del chavismo es abortar la mayoría absoluta de dos tercios de las curules obtenida por la oposición, con la que esta podría a partir del martes promover votos de censura contra ministros y vicepresidentes, reformas a la Constitución y referendos.
A apenas 72 horas de la instalación oficial de la nueva asamblea, el país seguía en vilo la evolución del ajedrez judicial que se juega desde el 6 de diciembre. Pero esa no es la única incógnita por despejar. También falta por conocer quiénes integrarán el gabinete ministerial, después de casi un mes desde que el presidente Maduro pidió la renuncia de sus anteriores titulares.
Organizaciones de la sociedad civil, como el Centro de Derechos Humanos de la jesuita Universidad Católica Andrés Bello de Caracas, advierten de que, según las disposiciones de la Constitución vigente, algunas medidas adoptadas por el presidente Maduro en los últimos días carecen de legalidad al no haber sido refrendadas por el Consejo de Ministros. Las actuaciones del Ejecutivo comprenden, por ejemplo, la promulgación de leyes en el marco de las facultades para legislar otorgadas por la Asamblea Nacional a Maduro mediante una ley habilitante, o la reciente extensión por 60 días del estado de excepción vigente en municipios fronterizos con Colombia del Estado de Amazonas.
Mientras, el próximo lunes iniciará sus funciones el inédito Parlamento Comunal, un organismo que el oficialismo ha rescatado de la chistera de las leyes comunales que Hugo Chávez hizo aprobar en 2010. El Gobierno de Maduro no ha escondido su intención de utilizar este Parlamento paralelo —conformado en su totalidad por representantes de comunas chavistas— como contrapeso a la “asamblea burguesa”, así como de destinarle recursos y competencias.
