La Policía Federal de Brasil acusa al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva y a su mujer, Marisa Letícia, de beneficiarse de los sobornos de algunas de las empresas de la trama corrupta de Petrobras. En concreto, la policía sostiene que el expresidente brasileño y su mujer obtuvieron gratis la reforma, los muebles y los electrodomésticos de un apartamento en Guarujá, una localidad turística en el litoral de São Paulo. A Lula la policía le incrimina un delito de corrupción, de lavado de dinero y de falsedad documental. A su mujer, de corrupción y de lavado de dinero.
Éste no es el único frente judicial que acusa al expresidente Lula, el político más popular de Brasil en su era de presidente, desde enero de 2003 a diciembre de 2010. A finales de julio, fue imputado por un juez de Brasilia del delito de obstrucción a la justicia. Le acusa de formar parte de un grupo de varias personas (entre las que se contaban empresarios y políticos relevantes) para comprar el silencio de uno de los implicados en la red de corrupción de Petrobras que amenazaba con hablar y delatar a altos cargos del Partido de los Trabajadores (PT), formación de Lula.
Y hay un tercero: el Tribunal Supremo le investiga por tratar de obstruir la justicia también amparándose en un cargo de ministro —que nunca llegó a ostentar— a fin de obtener un foro privilegiado que le permitiera escapar del juez Sérgio Moro y de su investigación, precisamente, sobre el apartamento en la playa y su polémica reforma.
El pasado 4 de marzo, la policía llevó a Lula a declarar por este caso del apartamento de Guarujá. Su traslado a una comisaría de São Paulo situada en el aeropuerto de Congonhas sacudió al país por entero, uno de los síntomas de la repercusión social que acompaña cada paso del expresidente brasileño. Ante la policía, Lula negó ser dueño ni del apartamento de la playa ni de otra casa de campo que se investiga. Un portavoz del Instituto Lula asegura ahora que el expresidente sigue ratificando sus declaraciones y que la citada organización no está a su nombre.
EL IMPEACHMENT DE POR MEDIO
La acusación de Lula por parte de la policía se produce en un momento relevante: el ex presidente había anunciado, unas horas antes, de que iba a acompañar a la presidenta apartada del poder Dilma Rousseff, el lunes, en el Senado, cuando ella comparezca para defenderse en la última y definitiva etapa del juicio político (impeachment) que se desarrolla estos días contra ella. Hasta ahora el guión de este impeachment está saliendo como estaba previsto: desfilan los testigos de la defensa y de la acusación y todo apunta a que la semana que viene, el martes o el miércoles (las sesiones son más largas de lo pensado) Rousseff será definitivamente apartada del poder y Michel Temer, ahora presidente interino, será presidente de Brasil con todas las letras
La policía aporta como pruebas, sobre todo, los mensajes del ingeniero de la obra del apartamento, Paulo Gordilho, en los que se refiere, sin citarlos por su nombre, tanto a Lula como a su mujer en conversaciones relativas a las obras. A Lula le llama «jefe» y a la mujer «madame». Los agentes también adjuntan una foto en la que Lula, con una camisa roja, aparece junto al ingeniero en el apartamento de Guarujá. En su declaración ente la policía Lula negó conocer a Gordilho. El valor de la reforma, de los muebles, de los electrodomésticos y del hecho de guardar y almacenar los objetos de Lula durante un tiempo —todo a cargo de la empresa OAS, implicada en la trama de Petrobras— excede según la policía los 2 millones de reales (más de 650.000 euros). Además de Lula y su mujer, la policía también ha incriminado por este asunto al presidente de OAS, al ingeniero que llevó a cabo la reforma y al presidente del Instituto Lula, la fundación que se encarga de salvaguardar el legado intelectual del ex presidente.
