La enésima crisis política que ha sacudido Venezuela desde la elección de Nicolás Maduro en 2013 desató está vez una campaña internacional en América que ha puesto en evidencia la paulatina pérdida de apoyos del proyecto bolivariano en la región. La Organización de Estados Americanos (OEA), en una sesión no exenta de polémica por haber sido suspendida previamente por Bolivia, titular de la presidencia del Consejo, adoptó el 1 de abril una resolución que afirmaba que en Venezuela se había dado una “grave alteración inconstitucional del orden democrático”. La resolución supuso el primer paso en la estrategia de la organización, que buscará presionar para la convocatoria de elecciones anticipadas en el país. La base jurídica será la Carta Democrática Interamericana, que insta a los Estados miembros a “promover y consolidar la democracia representativa”.
Aunque la asunción de poderes parlamentarios por parte del Tribunal Superior de Justicia venezolano, la decisión política que desató la crisis interna y externa, fue rectificada ese mismo día, la escalada de acciones diplomáticas era ya irreversible. Colombia, Chile y Perú llamaron a consultas a sus embajadores y el ex presidente uruguayo José Mujica admitió que las relaciones entre ambos países estaban en su peor momento. Está por ver si el Gobierno de Maduro logrará capear el temporal diplomático que amenaza con dejar al país casi completamente aislado en Latinoamérica, pero es indudable que la Revolución Bolivariana cuenta con cada vez menos apoyos entre los Estados de la región.
El paulatino proceso de aislamiento
Venezuela ha pasado de ejercer un indiscutible liderazgo regional en lo económico y lo político, como buque insignia de la nueva izquierda latinoamericana, a verse arrinconada en una posición marginal en la región. Para Marta Ardila, directora del Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe (CELAC) de la Universidad Externado de Colombia “ese liderazgo lo logró, por un lado, por el presidente Hugo Chávez, que era un líder carismático que Maduro no es, y, por otro, por los altos precios del petróleo en el mercado internacional”. Si bien las relaciones con Brasil ya se habían enfriado desde la llegada de Dilma Rousseff a la presidencia, y México, la otra gran potencia latinoamericana, “nunca creyó en la Revolución Bolivariana”, para la profesora Ardila, la bajada de precios del crudo y la muerte de Chávez marcaron el principio del fin del liderazgo regional venezolano.
En 2015, dos años después de la muerte de Chávez y la elección presidencial de Maduro, comenzó en la región lo que muchos analistas han considerado un cambio de ciclo político. “El vecindario cambió”, describe gráficamente la analista y profesora de ciencias políticas en la Universidad del Bosque de Bogotá, Ana María Trujillo. La ajustada victoria electoral de Mauricio Macri ese año fue seguida por el impeachment a Dilma Rousseff en Brasil y finalmente por la victoria del neoliberal Pedro Pablo Kuczynski en Perú, lo que supuso la pérdida de tres importantes aliados en Suramérica para Venezuela. La llegada de Mauricio Macri a la presidencia de Argentina no solo supuso la pérdida de un aliado, como era Cristina Fernández de Kirchner, sino que acabó llevando a la suspensión de Venezuela de la unión subregional Mercosur por presiones del nuevo inquilino de la Casa Rosada.
Como evidenció la sesión del 3 de abril en la OEA, Bolivia, Nicaragua y, en menor medida, Ecuador (el recién elegido presidente, Lenin Moreno, exhortó al diálogo entre Gobierno y oposición en su primera declaración al respecto), son los únicos aliados de peso que le quedan al Gobierno de Maduro en el continente. Por el contrario, son cada vez más los Estados dispuestos a asumir un papel activo en contra del actual Ejecutivo venezolano. Colombia, país con quien Venezuela comparte 2.219 kilómetros de frontera, ha pasado de mantener una posición neutral e incluso conciliadora durante la presidencia de Juan Manuel Santos a retirar su embajador y convertirse en uno de los países que propusieron el documento que aprobó la OEA urgiendo al “Gobierno de Venezuela a actuar para garantizar la separación e independencia de los poderes constitucionales”.
La estrategia de la OEA
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dando un discurso en Maracaibo. Juan Barreto/AFP/Getty Images.
La Carta Democrática Interamericana es el fundamento legal de la campaña de presión internacional impulsada dentro de la OEA por un grupo de países que incluye a Argentina, Brasil, Canadá, México y Estados Unidos. Esta declaración en defensa de la democracia representativa fue aplicada con relativo éxito en Honduras, tras el golpe militar de 2009. Bajo la amenaza de una suspensión de la organización, que conllevaría en la práctica un bloqueo diplomático y comercial, el país en cuestión es obligado a revertir las medidas que se hayan interpretado como antidemocráticas. En el caso de Venezuela, la campaña buscaría la convocatoria de elecciones anticipadas y, en menor medida, la liberación de los presos considerados como políticos.
Si bien la apelación a la Carta Democrática en el contexto de la crisis política venezolana no es una estrategia totalmente novedosa por parte de la OEA, las dos analistas anteriormente citadas sí creen que podríamos estar ante la primera ocasión en la que la iniciativa contaría con apoyos suficientes dentro de la organización. No lo ve así la profesora Marta Márquez, directora del instituto Pensar de la Universidad Javeriana de Colombia, que no ve posible que la iniciativa alcance los dos tercios de votos a favor en el Consejo Permanente requeridos para su puesta en marcha.
“A Venezuela le sigue funcionando el apoyo que ha dado a través de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), a los países del Caribe. Lo cual no quiere decir que no haya Estados que hayan cambiado de opinión frente a Venezuela”, declara Márquez. Esta pérdida de apoyos se evidenció por primera vez en una votación en junio de 2016, cuando Venezuela expulsó a 1.300 colombianos del país y varios de sus tradicionales aliados no votaron a su favor. Sin embargo, por el momento, Venezuela seguiría contando con suficiente apoyo en el Caribe como para bloquear una resolución condenatoria o la aplicación de la Carta Democrática de la OEA, según esta analista.
Ante esta situación, será en los países insulares del Caribe, cuyo voto tiene el mismo peso que el de cualquier otro Estado dentro de la OEA, donde se libre la batalla diplomática para lograr apoyos. Venezuela ha extendido su influencia en el Caribe gracias a sus programas de cooperación internacional canalizados a través del ALBA, organización de la que forman parte muchos de estos países. Pero con la crisis del precio del petróleo, el área de la cooperación internacional en la región ha quedado abierta para nuevos actores con intereses políticos contrapuestos a los venezolanos. Canadá ha entrado con fuerza en la región, aumentando su influencia a través, no sólo de inversiones y el turismo, sino en materia de cooperación, según indica la profesora Ardila. La creciente influencia de Canadá en el Caribe estaría siendo aprovechada, según Ardila, para “realizar una labor de lobby precisamente con estos países para buscar cierto apoyo frente a una decisión sobre la crisis de Venezuela”.
La legitimidad y el futuro
Aun logrando los apoyos necesarios, la cuestión es si la OEA cuenta con la legitimidad necesaria como para acometer un proceso tan complejo como un bloqueo diplomático y comercial a un país suramericano. El uruguayo Luis Almagro, actual secretario general de la organización, ha apostado por este arriesgado movimiento para devolver el prestigio a la OEA o terminar de hundirlo. “Si la OEA logra, bajo el liderazgo de Almagro, colaborar en la solución de la crisis de Venezuela, subiría su caché a nivel de organizaciones internacionales del mundo y particularmente a escala latinoamericana”, explica la profesora Ardila. En su favor, que la iniciativa de la campaña no viene tanto de Norte América, como de otros países suramericanos. “No es una iniciativa ni de EE UU ni de Canadá, arranca precisamente de Mercosur más Perú y Colombia”, declara Trujillo. “Claro que la OEA no tiene legitimidad ante Suramérica normalmente, pero finalmente es la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) quien en el marco de la OEA lo está haciendo”, añade la profesora.
El Gobierno de Maduro, por su parte, cuenta con distintas opciones, aunque inevitablemente tendrá que acabar acudiendo a las urnas en diciembre de 2018, según lo establece el propio calendario electoral venezolano. Entre tanto, y de llegar a prosperar la iniciativa de la OEA, no se puede descartar que el país opte por tomar la vía de salida de la organización panamericana para evitar un adelanto electoral y afronte el bloqueo comercial acercándose a aliados internacionales como China o Rusia. Aunque esta posibilidad parezca aún lejana, las cada vez mayores inversiones del gigante asiático y la disposición al préstamo por parte de Rusia hacen que un proyecto económico venezolano desvinculado de América pudiera llegar a ser viable, pero a un gran coste político que difícilmente el actual Gobierno de Caracas podría afrontar a medio plazo.
