De acuerdo a datos ofrecidos por la presidenta de la Cámara de Cuentas de República Dominicana, el 70% de los funcionarios llamados a realizar su declaración jurada de patrimonios no la ha realizado.
Desde la creación de la Ley 311-14 en agosto pasado, que obliga a los servidores públicos al momento de su nombramiento o al final de sus funciones a realizar la declaración de sus bienes, unos 3,139 funcionarios han sido requeridos para tales fines, pero solo 954 han acatado el mandato.
“Se ha mandado un listado a la Procuraduría General de los funcionarios que a la fecha aún no han realizado su declaración jurada, ahora le corresponde a esa entidad actuar y aplicar las sanciones de lugar. El número de funcionarios que no han depositado su declaración es importante y es lamentable, parece que el incumplimiento a la ley es algo que ya tenemos en la génesis de los dominicanos”, expresó la presidenta de la Cámara de Cuentas de la República, Licelott Marte de Barrios.
La funcionaria reitera el llamado a estos funcionarios para que realicen la declaración de sus bienes, ya que la ley es clara y específica que si a 30 días de ser requerida la misma no se realiza, el funcionario pasa a estar en observancia y podría recibir sanciones tanto administrativas (destitución) como penales.
Estas informaciones fueron ofrecidas durante el taller para periodistas sobre el rol de la Cámara de Cuentas en la aplicación de la Ley 311-14 sobre declaración jurada de patrimonios.
Durante el encuentro participaron la consultora para la implementación de la Oficina de Evaluación y Fiscalización del patrimonio de los funcionarios públicos, Virginia Peña Pérez, el encargado de la División de Desarrollo e Implementación de Sistemas de Tecnologías de la Cámara de Cuentas, Emmanuel Agüero Núñez y el consultor internacional para la Oficina de Evaluación y Fiscalización, Oscar Díaz Méndez.
Los expertos explicaron los objetivos y los alcances de esta ley desde la perspectiva legal, tecnológica y de ética.
El consultor internacional, Oscar Díaz Méndez expresó que este tipo de ley promueve la ética y la transparencia en el país pero que para que funcione se necesita que todos los actores en el sistema funcionen también.
Asimismo, consideró a esta ley como una “herramienta de control social” que tiene carácter preventivo, detectivo y sancionador ante la corrupción.
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