A juicio del ministro de Economía, Planificación y Desarrollo (Mepyd), Miguel Ceara Hatton, la recuperación económica debe apoyarse en el sector agropecuario por la capacidad de respuesta que tiene en el corto plazo.
“En la medida en que se vaya produciendo y que el rebote de la economía mundial permita desarrollar nuestras actividades de exportación y que permita mejorar nuestra actividad turística, el sector agropecuario tienen un rol fundamental, sobre todo, en el corto plazo porque es la capacidad de respuesta y una forma fundamental de garantizar la seguridad alimentaria”, expresó el funcionario.
Ceara Hatton ofreció sus declaraciones en el marco de la firma del convenio “Marco de cooperación y colaboración interinstitucional entre el Mepyd y el Ministerio de Agricultura, Proyecto Prorural Inclusivo y Resiliente”.
Indicó que la producción y comercialización de productos agropecuarios es una de las mejores fuentes de generación de ingresos y empleos en la República Dominicana.
“Todo esfuerzo combinado entre ambos ministerios, vía la cooperación multilateral y otros organismos de cooperación, sería considerablemente importante y provechoso”, apuntó.
En la actividad donde estuvo presente el ministro de Agricultura, Limber Cruz, Ceara Hatton agregó que el programa se enfoca en las cadenas productivas agropecuarias, basado en el apoyo a organizaciones económicas de productores pobres, mediante un proceso participativo, ambientalmente sostenible y equitativo.
Además, explicó que el programa beneficiará de manera directa a tres grupos: organizaciones económicas rurales, familias sin tierra y jóvenes.
El ministro de Economía detalló que “Prorural Inclusivo y Resiliente” tiene el objetivo de mejorar la competitividad de las organizaciones económicas rurales para satisfacer las demandas y requerimientos de las cadenas de valor y los mercados a través de los planes inclusivos y resilientes, logrando así un impulso en la reactivación del sector productivo del país.
Asimismo, informó que el proyecto cuenta con una estrategia de género y juventud que dará prioridad a acciones de incentivos para incluir a las mujeres en actividades que generen ingresos, promoviendo y respetando activamente los derechos de las mujeres y los jóvenes pobres de las zonas rurales.
El ministro de Agricultura, Limber Cruz, consideró el convenio como positivo y aseguró que llegó en el momento indicado porque se necesita dar respuestas rápidas a la actividad económica.
Agregó que la República Dominicana es un país de pequeños productores, por lo que indicó que hay que buscar la manera de que la economía de esos productores se eleve, que tengan ganancias en estos procesos, y llegar a los productores a través de las cooperativas es una estrategia bien planificada, bien segura porque así le llega a más gente.
En un documento entregado en la actividad se explica que, entre los acuerdos, los ministerios se comprometen a promover el desarrollo sostenible, la competitividad y la cohesión territorial socioeconómica en la zona rural y en el sector agropecuario y la formulación de una estrategia conjunta, para gestionar los efectos del cambio climático, la inclusión productiva, la resiliencia de las familias y la sostenibilidad medioambiental.
Además, pactan la formulación de otros proyectos para impulsar el desarrollo económico y social con énfasis especial en la zona rural, donde los indicadores socioeconómicos muestran los resultados más preocupantes, resaltando que en estas iniciativas prevalecerán los criterios de equidad de género, de juventud y de sostenibilidad ambiental.
De igual modo, acuerdan apoyar técnica y logísticamente la formulación, ejecución y evaluación de los planes, programas, proyectos y experiencias locales de economía asociativa como estrategia de fortalecimiento del sector productivo y de fomento de los emprendimientos empresariales solidarios.
Los fondos actuales disponibles del Fida (Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola) para el Prorural Inclusivo y Resiliente son de USD$11,680,000 millones contando con una donación de USD$200,000 y una contrapartida del Gobierno dominicano de US$4,587,000 millones.
