SANTO DOMINGO.- Las autoridades nacionales que asuman sus funciones el 16 de agosto próximo deben tener una visión de corto, medio y largo plazo, y proteger el gasto público dirigido a la infancia y la adolescencia, ya que en caso contrario se pondría en riesgo el futuro crecimiento de la nación.
La oficina en Santo Domingo del Fondo de las Naciones para la Infancia (Unicef) consideró este domingo que para mitigar los efectos de la pandemia producida por el COVID-19, hay que seguir avanzando con el desarrollo social y económico del país, cumplir con los compromisos adquiridos por República Dominicana.
“Es importante que sus planes de Gobierno y presupuestos tengan como principio fundamental de corto plazo el no dar ‘ni un paso atrás’ en los logros obtenidos en materia de cumplimiento de los derechos de los niños y las niñas. También, es esencial que planifiquen las medidas de mediano plazo que permitan retomar el avance de aquellos derechos que todavía están rezagados”, dijo el organismo.
En un documento, el que también suscriben Plan International y Save the Children, se pide a las autoridades que resulten elegidas en las elecciones generales venideras, a adherirse a “16 Compromisos por la Infancia”, durante todo el período de su mandato, y a incluir estos temas de infancia y adolescencia como prioritarios por el equipo económico y social del próximo Gobierno.
Entre esos compromisos sugieren, proteger la inversión en la infancia en un probable escenario de restricción fiscal como consecuencia de la pandemia, especialmente para salud, educación y protección de la infancia, aumentando progresivamente la inversión a partir de 2022.
Además, proteger la inversión en la infancia en un probable escenario de restricción fiscal como consecuencia de la pandemia, especialmente para salud, educación y protección de la infancia, aumentando progresivamente la inversión a partir de 2022.
“Proteger y fortalecer los programas de protección social con énfasis en infancia y establecer un programa de combate a la pobreza que reduzca el impacto de la disminución de la actividad económica como consecuencia de la pandemia”, dice uno de los planteamientos.
También, reducir la mortalidad materna y neonatal, alcanzando una mortalidad materna inferior a 70 por 100,000 nacidos vivos e infantil de 15 por 1,000 nacidos vivos para 2024.
Plantearon, además, universalizar el registro de nacimiento oportuno, registrando a por lo menos el 80 % de los niños nacidos en el primer semestre de 2020 y llegando al 95 % de los niños menores de cinco años, registrados en 2024.
