Puerto Rico afronta otro momento crítico dentro su particular y agónica crisis de deuda: el martes vence una deuda de 354 millones de dólares que tiene que pagar si quiere evitar una situación de impago descontrolado. Desde que hace casi seis meses el Gobierno de Puerto Rico admitiera alto y claro que no podía hacer frente a sus deudas, el país caribeño se ha lanzado a una carrera por ganar tiempo, tiempo para negociar con sus acreedores y tiempo para que EEUU eche algún tipo de capote al Estado Libre Asociado.
Ese mismo martes, el Senado de EEUU celebra una audiencia para debatir la crisis puertorriqueña, provocada por una deuda de más de 70.000 millones de dólares. Habrá un punto clave: el Gobierno caribeño está presionando al Congreso de Estados Unidos para que le permita acogerse a la Ley Federal de Quiebras, la misma que utilizó la ciudad de Detroit para suspender pagos en julio de 2013, un proceso del que salió en diciembre de 2014.
La Administración de Barack Obama ha pedido abiertamente al Congreso estadounidense un cambio en la ley para que el estado libre asociado también pueda acogerse a ese marco, entre otras medidas, y que un juez supervise el proceso. Pero aunque la reforma cuenta con el apoyo demócrata, la medida no tiene muchas posibilidades de salir adelante por la oposición republicana, que es mayoritaria en la Cámara. Los republicanos de hecho, planean elaborar su propia propuesta para Puerto Rico.
El país ya incumplió en agosto con el pago de unos bonos, pero era un tipo de deuda cuyo pago depende de atribuciones de presupuesto del Parlamento y dejaba a los bonistas sin posibilidades prácticas de reclamar ante los tribunales, con lo que sorteó la situación de bancarrota. Los bonos que vencen el martes, en cambio, sí tienen más garantías legales. Se trata de deuda emitida por el Banco Gubernamental de Fomento (BGF), una agencia pública a través de la cual se financia el Estado.
Es esta entidad, presidida por Melba Acosta, ha liderado las conversaciones con acreedores en Wall Street para plantear a los inversores a aceptar una reestructuración de la deuda que poseen a cambio de que esté más garantizada de cara a futuro. El país ha elaborado un plan a varios años vista con ajustes fiscales y renegociación de plazos que aun así deja de pagar 14.000 millones de dólares, lo que supone indirectamente pedir una quita o rebaja del dinero a pagar.
Mientras la batalla política y financiera va por un salo, el país trata de salir adelante en la economía real, la de las compras, el empleo y las inversiones de las empresas. El gobernador, Alejandro García Padilla, dijo la semana pasada en España que ha habido avances en los últimos meses, como el hecho de que el paro haya bajado del 16,5% al 11,4%. También lanzó un mensaje a Washington: “La economía está empezando a dar señales de vida; no podemos retroceder ahora castigando a los puertorriqueños”, dijo.
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