El juez de instrucción especial de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional rechazó la solicitud de arresto contra el renunciante consejero Francisco Alberto Arias Valera, y la jueza suspendida Awilda Reyes Beltré acusados por la Procuraduría General de ser parte de una supuesta red de jueces que se dedicaban a negociar con decisiones en sus respectivos tribunales para favorecer a personas vinculadas al sicariato y el narcotráfico.
El juez Ramón Horacio González Pérez rechazó la decisión bajo el argumento que “una vez el Procurador General de la República, que no indica cual es la diligencia o actuación que lo motiva, pues tal como se lee en el numeral 2, párrafo segundo del artículo 225 del Código Procesal Penal: el arresto no puede prolongarse más allá del agotamiento de la diligencia o actuación que lo motiva”, por tratarse el arresto de una actuación específica y limitada en el tiempo, al cumplimiento, de la diligencia o al vencimiento de las 48 horas horas de consumado el arresto”.
El Ministerio Público solicitó el arresto de ambos bajo los presupuestos de que “existen elementos suficientes para sostener razonablemente que es autor o cómplice de una infracción, que puede ocultarse, fugarse o ausentarse del lugar”. Además de que “existen suficientes elementos de que ha participado en una infracción y que pueda ocultarse, ausentarse o fugarse” y “que precisa que la persona investigada haya sido citada a comparecer y no lo hace, y que igualmente, sea necesaria su presencia durante la investigación, del análisis del texto citado, es evidente que estamos en presidencia de dos situaciones o presupuestos distintos, independientes e individuales en el que el ministerio público puede solicitar la orden de arresto”.
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