A pocos días de completar el primer año de su segundo mandato, Rousseff consiguió apaciguar, al menos transitoriamente, las tensiones que vive su Gobierno después de que la Corte Suprema ordenó el jueves reiniciar el proceso en la Cámara baja para un eventual juicio político con fines de destitución.
Con esa decisión del Supremo Tribunal Federal (STF), celebrada por la base oficialista, el proceso que se realiza en el Congreso puede quedar pendiente para el año próximo, con lo que el gobernante Partido de los Trabajadores (PT) ganaría tiempo para reunificar la base aliada.
En teoría, el receso parlamentario está previsto entre el próximo martes y febrero de 2016, aunque el jefe de Diputados, Eduardo Cunha, señaló que convocará a una reunión el lunes para consultar sobre la posibilidad de suspender ese período y poder convocar a sesiones extraordinarias como las que implica el caso.
No obstante, el presidente del Senado, Renán Calheiros, favorable a Rousseff, declaró «clausurado» el «año legislativo» por reformas en los servicios sanitarios femeninos de la Cámara alta, que de abrirse el juicio político tendrá una decisiva participación.
Tanto Calheiros como Cunha pertenecen al aliado Partido del Movimiento Democrático Brasileño PMDB, liderado por el vicepresidente del país, Michel Temer, pero una división interna de ese espacio político, aviva la tensión política alrededor de Rousseff.
Cunha, que al igual que Calheiros integra la lista de políticos investigados por el escándalo de corrupción en Petrobras, es opositor a Rousseff y, como jefe de Diputados, dio el aval para iniciar en el Legislativo el proceso del juicio.
A pesar del tiempo que el Ejecutivo ganaría, el ministro de Presidencia, Jaques Wagner, se mostró a favor de la suspensión de la feria parlamentaria y acelerar el proceso, confiado en que la oposición no tiene argumentos para que se instaure el juicio.
Rousseff es acusada de maquillar el informe contable que fue rechazado por el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU). El respiro en el tema del juicio político coincidió con otros hechos como la nueva encuesta que confirma el bajo índice de popularidad de la mandataria, con un 10 % de aprobación y un 70 % de rechazo a su gestión.
Por lado económico el país sufrió un revés con la rebaja de la nota soberana brasileña por parte de la calificadora de riesgo Fitch, que sumado al de Stardard & Poor’s, en septiembre, confirma la pérdida del grado de inversión, que se da cuando dos de las tres grandes agencias retiran el estatus de buen pagador.
A esto se sumó la salida del gobierno del ministro de Hacienda, Joaquim Levy, quien ayer renunció a su cargo después de varias semanas de versiones y sin el respaldo pleno del Ejecutivo.
Levy, de perfil neoliberal, intentó liderar un amplio ajuste fiscal para enderezar las cuentas del país, con un severo control del gasto público, pero sus medidas, no avanzaron como se esperaban en el Congreso.
La mandataria designó al titular de Planificación, Nelson Barbosa, de un perfil más político, en el lugar de Levy, quien se habría molestado por el reajuste del superávit primario para 2016 propuesto por el Ejecutivo del 0,5 % del producto interior bruto (PIB), diferente del 0,7 % defendido por el ministro.
Por otro lado, hoy el ex presidente y líder del PT, Luiz Lula da Silva, declaró ante la Policía que nunca participó en el nombramiento de los ex altos cargos en Petrobras investigados en el escándalo de corrupción.
Los principales diarios locales publicaron hoy partes del informe elaborado por la Policía después de la declaración libre y voluntaria presentada por el ex mandatario el pasado miércoles en Brasilia.
En su declaración, Lula afirmó que el responsable de los nombramientos de cargos era el Ministerio de Casa Civil (Presidencia), entonces al frente de José Dirceu, uno de los condenados en el llamado ‘Juicio del siglo’ por delitos de corrupción estatales y actualmente preso por el caso Petrobras.
«Le correspondía a la Casa Civil recibir las indicaciones partidarias y escoger a la persona que sería nombrada», apuntó el informe publicado parcialmente también por la estatal Agencia Brasil.
En el caso específico de Renato Duque, uno de los ex directores condenados, Lula «no sabe si fue el PT u otro partido político el que lo indicó», añadió el texto.
Según el relato, Lula «no conocía a Renato Duque. No participó del proceso de elección de él», aunque reconoció que el nombramiento de José Sergio Gabrielli, entonces presidente de la petrolera, si fue por una recomendación personal suya al tratarse de una persona idónea para ocupar el más alto cargo en la compañía.
Lula defendió también al ex tesorero del PT João Vaccari Neto, también preso y cuya condena, a juicio del ex gobernante, «no es definitiva», por lo que cree que será «absuelto».
