La crisis política que atenaza a Brasil se prolongará al menos hasta el 2 de agosto, cuando el pleno de la Cámara de Diputados se reunirá para decidir si el presidente Michel Temer responderá en un juicio penal por presunta corrupción.
El 2 de agosto será el nuevo “día D” de Temer, quien desde mayo pasado enfrenta un sonoro escándalo que estalló por confesiones de directivos del grupo JBS que lo involucran en presuntos hechos de corrupción, que habrían ocurrido incluso después de su llegada al poder.
Ese día, una vez concluido un receso parlamentario que comenzará el próximo martes, el pleno de la Cámara baja decidirá si autoriza a la Corte Suprema a instaurar el juicio pedido por la Fiscalía, que suspendería a Temer del poder por 180 días y pudiera llevar a su destitución.
Ese paso fue precedido por una importante muestra de poder de la base de Temer y del propio Gobierno en una comisión parlamentaria que hizo un primer análisis de las acusaciones y las rechazó este jueves con una contundente diferencia de 41 votos contra 24.
Temer celebró ese resultado como una “victoria de quienes creen en la democracia”, pero la oposición puso en duda la forma en que se obtuvo esa diferencia, que atribuyó a “maniobras” del Gobierno que, si bien no son ilegales, consideró reñidas con la ética política.
Los adversarios de Temer aludieron así a la sustitución de una veintena de miembros de la comisión pertenecientes a partidos de la coalición gobernante, debido a que no declararon su convicción sobre la inocencia del mandatario y barajaban votar con la oposición.
También criticaron la liberación en el último mes, en pleno escándalo, de 1.800 millones de reales (562 millones de dólares) en “enmiendas parlamentarias”, que se refieren a dinero reservado en los presupuestos para iniciativas de legisladores.
La liberación de esas enmiendas es potestad del Ejecutivo, pero esta vez beneficiaron en su totalidad a proyectos de diputados de la base oficialista que serán desarrollados en sus respectivos estados, con previsible impacto entre los electores.
“Son maniobras politiqueras y rastreras”, denunció el diputado Chico Alencar, del opositor Partido Socialismo y Libertad (PSOL), quien apuntó que así Temer “compró” a muchos legisladores que tenían dudas sobre su inocencia.
El paréntesis que se abre en la crisis que cerca a Temer es un arma de doble filo, pues si bien puede dar tiempo para recomponer las filas oficialistas y alinear a los sectores díscolos, también puede propiciar que la Fiscalía presente otros cargos en su contra.
Más allá de la denuncia por corrupción pasiva derivada de las confesiones de directivos del grupo JBS, la Fiscalía investiga aún al presidente por los supuestos delitos de obstrucción a la justicia y asociación ilícita.
Algunos antiguos escuderos de Temer ya han sido detenidos en el marco de esas investigaciones y en el entorno oficialista se teme que decidan cooperar con la justicia y revelar asuntos que pudieran salpicar aún más al gobernante.
Otro frente que el Gobierno deberá atender lo que plantea el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), uno de los puntales de la coalición oficialista pero que anida alas proclives a apoyar en el pleno de los diputados la denuncia por corrupción.
El PSDB ostenta la cuarta minoría en la Cámara de Diputados, con 46 escaños, y cuenta con cuatro ministros en el gabinete de Temer, pero algunos de sus más importantes referentes, como el expresidente Fernando Henrique Cardoso, han pedido abiertamente la renuncia del mandatario.
Para que el pleno de los diputados autorice el juicio contra el gobernante será necesaria una mayoría de dos tercios, que suponen 342 votos, pero el Gobierno cree que hoy tiene unos 260 del total de 513, según calculó el ministro de la Presidencia, Eliseu Padilha.
En ese escenario, la tarea del oficialismo en los próximos quince días será impedir una desbandada y mantener bajo su ala a un mínimo de 172 diputados, que representan el número de votos que impediría el juicio.
En ese caso, la acción penal intentada por la Fiscalía sólo podría ser retomada a partir del 1 de enero de 2019, cuando Temer deberá entregarle el poder al ganador de las elecciones previstas para octubre del año próximo. EFE
