El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidió ayer sábado dar un compás de espera a las deportaciones, cuyo anuncio puso en alerta a dirigentes y organizaciones mientras los inmigrantes preparan planes para encarar esa amenaza.
Horas antes de que comenzaran las redadas masivas anticipadas por medios locales en diez ciudades del país, Trump decidió esperar «dos semanas» para que demócratas y republicanos planteen soluciones a la situación en la frontera con México.
«A solicitud de los demócratas, he retrasado el Proceso de Remoción de Inmigración Ilegal (Deportación) por dos semanas para ver si demócratas y republicanos pueden reunirse y encontrar una solución a los problemas de asilo y los vacíos legales en la frontera sur», escribió Trump en Twitter.
Pero advirtió: «Si no, comienzan las deportaciones».
Previamente, el gobernante amenazó con deportar a quienes entren ilegalmente al país y se quejó de que personas con orden de deportación «han huido de la ley y han huido de los tribunales».
La sorpresiva decisión fue antecedida por un pedido de la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, quien llamó a suspender las redadas «sin corazón» y advirtió que «inyectarán el terror» en el país.
Pelosi recordó a Trump que así como «habló sobre la importancia de evitar el daño colateral de 150 vidas en Irán» cuando desistió de un ataque en ese país en respuesta al derribo el jueves de un dron estadounidense, hiciera lo mismo para evitar «el daño colateral a decenas de miles de niños que están asustados por sus acciones».
La jefa de la Cámara Baja se sumó a numerosas voces que rechazaron el anuncio de las redadas, entre ellas la fiscal general de Nueva York, Letitia James, quien calificó este viernes de «despreciable acto de racismo y xenofobia» esas acciones.
Preocupados por la situación, un grupo de inmigrantes se reunió ayer sábado en Fairmount Heights, un pueblo del estado de Maryland, para conocer sus derechos y qué hacer si un agente del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés) toca a su puerta.
«El objetivo es cuidar y mantener a las familias integradas», explicó a Efe Morena Zelaya, una delegada comunitaria salvadoreña de la organización CASA, que recomendaba a los asistentes «educarse», «guardar silencio» y «tener un plan».
«A veces son dos personas indocumentadas con tres niños, entonces es (tener) un plan, o sea, qué va a pasar si a mí me agarran, dónde van a ir estos niños (…) un número de teléfono de un abogado y un número de teléfono de un familiar al que pueda usted llamar para que esta persona sepa qué hacer», complementó.
Para Zelaya, la amenaza de deportación no afecta solo a los indocumentados sino a los solicitantes de asilo, los jóvenes «soñadores» del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) y los beneficiados con el Estatus de Protección Temporal (TPS).
Junto a ella, Tania Reina, una abogada de especializada en migración de CASA nacida en Perú, explicaba la importancia de «saber sus derechos» y recomendaba que en caso de que un agente migratorio toque a su puerta no abrirla y asegurase que haya una orden de registro.
«Si un familiar no llega a casa, la familia tiene que saber qué hacer», comentó Reina, quien apuntó que aprenderse de memoria el teléfono de un abogado puede ser clave para un inmigrante si enfrenta a una detención.
Los asistentes al encuentro, folletos en mano impresos en español e inglés, y con cara de preocupación, intentaban entre tanto resolver varias de sus interrogantes.
Angélica, una mexicana con ya 22 años en EE.UU., relató a Efe que es la única de su familia angustiada por las deportaciones, ya que sus hijos son nacidos en el país y su esposo tiene permiso de trabajo.
«Ahora es más terrible que nunca. Antes no se vivía con este temor, antes no se hablaba de tantos arrestos (…) Ahora somos el target, el punto, del presidente para atacar, antes no era así, andaba uno muy tranquilo, pero ahora es totalmente diferente», dijo.
Marvin del Valle, un guatemalteco que desde hace cinco años reside en el país y que hoy llegó con un bebé de apenas un mes de nacido en sus brazos y junto a su esposa, declaró a Efe que el anuncio de las redadas le cayó «como una bomba».
Este joven, quien se dedica a cortar árboles, césped y al arreglo de patios, no ocultó su temor de que por su trabajo deba viajar hasta dos horas.
Consultado lo que le diría al presidente Trump, admitió que no aspiraría a pedirle que legalice a los inmigrantes, pero sí «por lo menos déjennos tranquilos trabajando».
