El presidente Donald Trump está presionando a México para que haga mayores esfuerzos para confrontar a los carteles de drogas ante las preocupaciones sobre los narcóticos y la violencia provenientes de la frontera sur de Estados Unidos.
Funcionarios mexicanos recibieron el jueves al fiscal general William Barr en Ciudad de México por segunda vez, en igual cantidad de meses, la última instancia de una conversación en curso entre ambos países. Un funcionario del Departamento de Justicia dijo que el propósito del viaje de Barr es participar en reuniones de alto nivel sobre esfuerzos conjuntos contra los narcóticos.
En su visita a principios de diciembre, Barr presionó a la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador a extraditar a los sospechosos para enfrentar cargos en EEUU, según tres personas familiarizadas con las conversaciones que pidieron no ser nombradas hablando públicamente.
ras la última visita de Barr, Trump dijo que estaba posponiendo “temporalmente” una propuesta para clasificar a los carteles mexicanos de narcóticos como organizaciones terroristas a pedido de AMLO, como se conoce al presidente mexicano. Trump también dijo entonces que las dos naciones estaban intensificando su cooperación. Dos semanas después, México extraditó al hijo del fundador del Cartel de Sinaloa, Ismael “El Mayo” Zambada García, a EEUU para enfrentar cargos de contrabando de drogas.
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El lunes, México anunció la extradición de ocho sospechosos más.
Jesús Ramírez, portavoz de López Obrador, dijo que las extradiciones no fueron resultado de la presión de EEUU, y que las conversaciones sobre cooperación también incluyeron esfuerzos compartidos para evitar que armas estadounidenses ingresen a México y cerrar el sistema financiero estadounidense a grupos criminales. También dijo que Barr se reuniría con el gabinete de seguridad de México y el fiscal general, pero no con el presidente en este viaje.
Los carteles de la droga representan una amenaza compartida entre EEUU y México. Los homicidios en la nación latinoamericana, a menudo realizados con armas introducidas de contrabando desde EEUU, estaban a punto de alcanzar un récord en 2019, con 32,000 personas asesinadas de enero a noviembre. De igual modo, las muertes por sobredosis de estadounidenses, por drogas que con frecuencia provienen o viajan a través de México, aumentaron a aproximadamente 70.000 anuales en los últimos años, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EEUU.
Guerra contra los carteles
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A fines del año pasado, dos episodios de gran repercusión mediática centraron la atención en México. En octubre, el gabinete de seguridad de López Obrador decidió liberar al hijo capturado del líder del Cartel de Sinaloa, Joaquín «El Chapo» Guzmán, para evitar un tiroteo y derramamiento de sangre entre las autoridades y los delincuentes que el gobierno temía que afectaría a los civiles. En noviembre, nueve miembros de una familia mormona con doble ciudadanía estadounidense-mexicana fueron asesinados en un ataque por sicarios del cartel.
Tras ese ataque, Trump dijo en un tuit que era hora «de que México, con la ayuda de Estados Unidos, declarara la GUERRA a los carteles de la droga». Trump también dijo en un discurso en noviembre que había ofrecido a López Obrador «la última mano» para enfrentarse a los carteles.
Hasta ahora, México se ha resistido a un enfoque de mano dura, con el fin de evitar el nivel de militarización ocurrido cuando Felipe Calderón fue presidente de 2006 a 2012, según las personas. Los esfuerzos de México se han centrado en desplegar a decenas de miles de miembros de su nueva Guardia Nacional, institución que comenzó a operar oficialmente en julio y que aún no está en plena vigencia.
La estrategia de López Obrador también incluye educación y subsidios para los jóvenes. Pero la frase que ha usado a veces para resumir su filosofía, «abrazos, no balazos», ha sido criticada por muchos analistas de seguridad como ingenua y extremadamente optimista.
Si el Departamento de Estado de EEUU eventualmente designara a los carteles como organizaciones terroristas extranjeras, los pondría en la misma categoría que el Estado Islámico y los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, lo que evitaría que sus miembros ingresen a EEUU o permitan que reciban apoyo en el país. Los bancos también tendrían prohibido hacer negocios con ellos.
