El as en la manga de Maduro: la constituyente

El presidente de Venezuela ha convocado un proceso que pretende culminar con una nueva Constitución que sustituya a la de Chávez de 1999. Mientras, la oposición ha tomado las calles y denuncia que Nicolás Maduro quiere perpetuarse en el poder y evitar las elecciones presidenciales de 2018 porque las perdería. ¿Qué significa esta nueva Asamblea Nacional Constituyente, cómo funciona, quién puede ser elegido, cuándo se votará?

Venezuela está prendida desde el 1 de abril con marchas en contra del régimen bolivariano de Nicolás Maduro. Se contabilizan ya más de 60 muertos en ellas, 15.000 heridos y ninguna de las dos partes está dispuesta a ceder después de varios intentos fallidos de diálogo. Los chavistas piden que “cese el golpe de Estado dirigido desde Washington” y los opositores que el Presidente “se vaya”. Con la intención de solucionar el peo (palabra coloquial que en Venezuela significa “problema, embrollo”), Maduro se sacó, el 1 de mayo, el Día del Trabajador, el as en la manga de convocar una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) para reformar la Constitución de 1999 de Hugo Chávez, idea que presenta todas las apariencias de una huida hacia delante, en vez de un intento sincero de calmar los ánimos.

Para los oficialistas, la Constituyente es el camino. “Es el mecanismo ideal para evitar una guerra civil en Venezuela y resolver confrontaciones en el campo institucional como la que estamos viviendo”, comenta Elías Jaua, nombrado presidente de la comisión presidencial para la Constituyente, ministro de Educación, ex vicepresidente, ex ministro de Comunas y uno de los gestores principales del sistema de asistencia, autogestión y poder local del chavismo.

“Es una apuesta de alto riesgo, ya que está en juego la estructura del Estado y la paz social, dada la conmoción política que vive el país. Nos hallamos ante una crisis de tal magnitud que no se puede solucionar con la referida Constituyente ni tampoco con medidas de represión policial y militar en las manifestaciones en la calles. Lo primero que tiene que hacerse es preguntar al pueblo si quiere esa Constituyente”, explica Danilo Mojica Monsalvo, magistrado del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela.

Esa es la primera gran crítica hacia la propuesta de Maduro, que no va a preguntar a los venezolanos si quieren cambiar la Constitución o no, paso que sí dio Hugo Chávez en 1999. El consultor y especialista electoral Aníbal Sánchez señala que una Constituyente “contempla tres procesos electorales: un referendo consultivo para las bases comiciales, la elección de los constituyentistas y un referendo aprobatorio. Y Maduro quiere saltarse el primer paso y alguno más”. Según el artículo 348 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el jefe de Estado no puede convocar directamente a una ANC, ya que la decisión corresponde a los electores. Por lo tanto, el presidente obrero confunde “iniciativa de convocar” con “convocar”. Solo el pueblo puede convocar.

“El pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario. En ejercicio de dicho poder, puede convocar a una Asamblea Nacional Constituyente con el objeto de transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución”, reza el artículo 347 de la Carta Magna venezolana.

Además del referéndum previo que sería necesario, en el que se deben incluir las reformas planteadas, la otra gran crítica al proceso se refiere a la forma de elegir a los 540 constituyentes, quienes serían los que, finalmente, modificarían la Constitución. En vez de por sufragio universal, serán designados de entre sectores sociales y por comunidades.

“176 serán electos entre las bases de la clase obrera”, ha explicado el presidente Maduro, cifra que incluiría a miembros de los barrios, de los movimientos sociales, comunas, Comités Locales de Abastecimiento Popular (CLAP), misiones, pensionistas, discapacitados, campesinos, indígenas… En definitiva, sectores afines al Gobierno o que dependen de su ayuda económica o alimentaria y en los que el oficialismo está mejor organizado en sindicatos, gremios, asociaciones y consejos comunales.

“Los otros 364 serán elegidos en un sistema territorializado, con carácter municipal, en las comunidades”, añadió Maduro. Según su planteamiento, valdría lo mismo el voto de una ciudad de 300.000 habitantes que el de un pueblo de 30, con lo que se minimizaría el poder opositor, ya que este se concentra en las grandes poblaciones. Todos los municipios del país estarán representados por un miembro, independientemente de su población.

Por último, tampoco se sabe si habrá referéndum para la supuesta aprobación definitiva de la nueva Constitución. “La Constitución no lo establece, por lo que debe ser una decisión que tome la futura Asamblea Nacional Constituyente. Ella será la que decida someter al voto popular el nuevo texto constitucional que redacte”, ha comentado a finales de mayo Jaua.

“El Ejecutivo tiene la intención de que la ANC solo tenga en cuenta las organizaciones que se identifican con el gobierno y que están controlados por el oficialismo. La Asamblea debe estar conformada por los ciudadanos que, mediante el sufragio directo, secreto y universal, son elegidos constituyentes, más allá de la clase a la cual pertenecen. Lo que plantea no son elecciones y trata de que el 25% que todavía le apoya represente la mitad o más de la mitad de los constituyentes”, asegura el abogado constitucionalista venezolano José Ignacio Hernández.

La apuesta de Nicolás Maduro, según palabras de Luis Vicente León, presidente de Datanálisis, empresa latinoamericana de investigación de mercado con 25 años de experiencia, es que “con una convocatoria a Constituyente es muy probable que se desechen las elecciones presidenciales de 2018”. “Parece que esa es la intención del Gobierno”, comenta el estadístico.

Félix Seijas, director de la encuestadora venezolana Delphos, profundiza en la idea de que la convocatoria de una Constituyente radica en que el Gobierno no está dispuesto a participar en ninguna consulta electoral que vaya a perder.

“Maduro solo mantiene un apoyo popular de entre el 20% y el 30%. Las personas que dicen que Venezuela no está bien es el 90%, las que quisieran que hubiese un cambio de presidente es el 80% y las que dicen que ese cambio de presidente tiene que ser también de partido político es el 65%. Es decir, solamente un 15% pide un cambio de presidente, pero que sea otra persona de la revolución. Maduro no quiere perder el poder”, subraya Seijas.

El hijo de Chávez también busca constitucionalizar proyectos como Misión Vivienda, Misión Barrio Adentro, Misión Transporte y los CLAP. “Para que nadie los privatice en un futuro”, justificó el dirigente. “Para fijarlos en la Constitución como parte de su forma de control sobre las personas”, responde la MUD.

El país con más reservas petroleras del planeta Tierra sufre la tormenta perfecta de todas las crisis. La económica: el Fondo Monetario Internacional ha anunciado que la inflación alcanzará en Venezuela el 720% en 2017. La crisis política: el gobierno bolivariano no ha realizado las elecciones a Gobernador previstas para diciembre de 2016, ha declarado en desacato a la Asamblea Nacional, con mayoría opositora, y ha anunciado en abril que abandonará la Organización de los Estados Americanos (OEA). Y la crisis social, con ejemplos como la cifra de 21.752 homicidios en 2016, la creciente emigración hacia países como España y la escasez de medicamentos y alimentos representada en las sempiternas colas.

Con todos estos asuntos por resolver, ¿una nueva Constitución solucionaría el callejón casi sin salida en el que se encuentra Venezuela? “La respuesta es no”, afirma Freddy Guevara, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional. “Pedimos la apertura de un canal humanitario, la libertad de todos los presos políticos y elecciones presidenciales. Ese es el principio de la solución”, sentencia.

La réplica del Gobierno, por medio de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, ha sido mantener la convocatoria y anunciar que habrá elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente “a finales de julio”.

Si se llega a constituir la ANC, esa asamblea popular se erigiría como órgano supraconstitucional, originario y todos los poderes quedan subordinados a ella y no se pueden oponer a sus decisiones. El chavismo anularía así definitivamente a la Asamblea Nacional –equivaldría al Parlamento– opositora, elegida en las urnas en diciembre de 2015. Pese a las dudas legales y al llamado de la oposición a no reconocer esta Constituyente, el proceso impulsado por Maduro continúa y, por ahora, nada le está frenando.