El juez Sergio Moro, el mismo que ha citado a declarar al ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no ha tenido piedad hacia Marcelo Odebrecht, alguna vez uno de los empresarios más poderosos de América Latina.
El ex CEO, preso de junio de 2015 y fuera de la presidencia de la constructora Odebrecht desde diciembre pasado, ha sido condenado a 19 años y 4 meses de prisión, acusado de pagar millonarios sobornos en la red de corrupción montada en la petrolera estatal Petrobras. Junto a Odebrecht, irán a la cárcel otros dos altos ejecutivos de la empresa: Márcio Faria y Rogério Araújo, ambos ex directores.
Moro encontró a Odebrecht responsable de «práctica criminal por el pago irregular de de108.809.565 de reales (casi 29 millones de dólares) y 35 millones de dólares a agentes de Petrobras, que a cambio otorgaron a la constructora millonarios contratos de infraestructura. El magistrado destacó en su sentencia que «un único delito de corrupción incluyó un pago de cerca de 46.757.500 reales (12,5 millones de dólares) en propinas» a altos funcionarios de la petrolera estatal.
Odebrecht ocupó hasta diciembre el primer lugar de Odebrecht S.A., así como el cargo de presidente de los consejos de administración de Braskem, Odebrecht Òleo e Gas, Odebrecht Realizaçoes Imobiliárias y Odebrecht Ambiental. Ese mes decidió renunciar tras pasar 6 meses preso acusado de corrupción. La causa, enmarcada dentro del llamado Lava Jato, lo llevará ahora la prisión definitiva.
La decisión judicial ha golpeado a la que hoy es la mayor empresa constructora de América Latina. Odebrecht, que facturó más de 40.000 millones de dólares en 2014, cuenta con 181.000 empleados distribuidos en 21 naciones y también realiza obras para los Juegos Olímpicos que se celebrarán en Río de Janeiro.
Corrupción política y empresaria
Marcelo Odebrecht no ha sido el único empresario en terminar tras las rejas por el escándalo en Petrobras.
De acuerdo con la investigación, las principales constructoras de Brasil formaron un cártel para manipular licitaciones de la estatal mediante el pago de sobornos a directivos de la compañía vinculados a partidos políticos, que luego eran distribuidos entre los acusados.
