El 86 por ciento de los lectores de El Nacional digital no cree que antes de las elecciones se apruebe la Ley de Partidos Políticos que cursa en el Congreso Nacional. El 14% piensa que sí. El presidente de la Junta Central Electoral (JCE), doctor Roberto Rosario, y dirigentes de la oposición coincidieron en declarar por separado que si hubiese habido una Ley de Partidos, no se habrían producido los incidentes en las primarias del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) el pasado día 13 del cursante mes que ocasionaron la muerte de dos personas, decenas de heridos, se robaron urnas y se dislocaron padrones de votación.
La falta de un árbitro creíble en los partidos es lo que obliga a estas entidades a tener una ley que regule su funcionamiento y que sea respetada por todos.
Los partidos mayoritarios han tenido la oportunidad de aprobar una Ley de Partidos que respete la democracia interna en sus respectivas organizaciones, pero las ambiciones de poder de sus cúpulas lo han impedido.
Desde hace más de 12 años cursan en el Congreso Nacional, diferentes versiones en torno a la Ley de Partidos que cada uno quiere acomodar a sus intereses.
División PRM
En sondeo entre los lectores, el 76 por ciento considera que habrá división en el Partido Revolucionario Moderno por la candidatura a alcaldía por el Distrito Nacional.
La nominación a alcalde del Distrito se la disputan en el PRM , el ex síndico Rafael -Fello- Suberví Bonilla y el diputado David Collado.
Suberví Bonilla entiende que la candidatura le pertenece, porque, según él, cuenta con el respaldo de la mayoría de la dirigencia y militancia del PRM.
Collado argumenta que tiene el respaldo de la juventud y que es una figura fresca dentro de la organización.
La Comisión Organizadora de la Convención, encabezada por la doctora Milagros Ortiz Bosch, declaró que la alcaldía del Distrito Nacional se escogerá mediante encuesta, lo que rechaza Fello Suberví.
Exceso
En el área de la justicia, el 57 por ciento de los lectores opina que el Poder Judicial incurrió en un exceso con el traslado de los jueces del Tribunal Superior Administrativo (TSA).
El doctor Rafael Ciprián, miembro del TSA atribuyó a retaliación su traslado y el de sus compañeros, debido a que dictaron sentencia que iban en contra de los intereses de miembros de la la Suprema Corte de Justicia.
