El Departamento del Tesoro EEUU impuso sanciones económicas este jueves al presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, Maikel Moreno, y a siete magistrados de la Sala Constitucional de la corte por «usurpar la autoridad» de la Asamblea Nacional.
La nuevas sanciones se dan tras varias semanas de protestas desencadenadas por la orden del TSJ de privar de todas sus funciones a la Asamblea Nacional, controlada por la oposición al presidente del país, Nicolás Maduro.
«El pueblo venezolano está sufriendo por el colapso económico provocado por la mala gestión y la corrupción de su Gobierno. Los miembros del Tribunal Supremo de Justicia han exacerbado la situación al interferir con la autoridad del Legislativo», indicó en un comunicado el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin.
«Por medio de estas sanciones, los Estados Unidos apoyan al pueblo venezolano en sus esfuerzos por proteger y promover un Gobierno democrático en el país», añadió el Mnuchin, bajo cuyo control se encuentra la Oficina de Control de Control de Activos Extranjeros (OFAC), que impone las sanciones.
Maikel Moreno se convirtió en el magistrado jefe del Supremo venezolano en febrero de este año.
Los otros incluidos en las sanciones, que congelan bienes dentro de la jurisdicción estadounidense y prohíben transacciones financieras, son los magistrados de la Sala Constitucional del TSJ Luis Fernando Damiani, Arcadio Delgado, Gladys Gutiérrez, Juan José Mendoza, Calixto Ortega, Lourdes Suárez y Carmen Zuleta.
La represión de las manifestaciones en Venezuela se han saldado, hasta el momento, con 57 muertos; mientras que la intención de Maduro de reformar la Constitución, vista por la oposición como un intento de consolidarse en el poder sin convocar elecciones, ha recrudecido las protestas.
Esta es la segunda ronda de sanciones contra altos mandos del chavismo durante la Administración del presidente estadounidense Donald Trump, aunque en esta ocasión las razones detrás de ellas no es el narcotráfico, como ocurrió la primera vez.
La primera ronda supuso, el pasado febrero, la imposición de sanciones al vicepresidente venezolano, Tareck El Aissami, y a otros funcionarios del chavismo.
