Las empresas que operan en la frontera bajo el amparo de la Ley 28-01, de Incentivo al Desarrollo Fronterizo, generan más de 50,000 empleos directos e indirectos. Los empresarios entienden que el más beneficiado con el desarrollo económico de esas provincias es el Gobierno.
“Nosotros somos los mayores aliados del Gobierno, y la ley es totalmente sin bandera, sin partidos políticos; me consta que cada senador y diputado de estas provincias ha hecho lo indecible para mantener viva esta iniciativa”, destacó el empresario Manuel Taveras, de la Asociación de Empresas de Desarrollo Fronterizo (ADEFRO).
Advirtió que sin esa ley van a tener la frontera sin dominicanos y la nacionalidad correría peligro.
“Lo que ADEFRO solicita es que esta ley se mantenga vigente en el tiempo y que se aumenten los beneficios e incentivos”, manifestó.
Invitó al sector industrial de la capital, especialmente a la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), a que invierta en la frontera, porque la legislación no es excluyente. El empresario peruano Mario Medina precisó que las empresas han hecho inversiones por más de RD$15,000 millones en infraestructuras. Señaló que aportan unos RD$300 millones al año, y que hasta la fecha han pagado impuestos por un monto de RD$1,500 millones anualmente.
“Esta ley es un mecanismo para generar desarrollo económico; muchos funcionarios interpretan la ley a su criterio y ha habido reducción de incentivos”, expresó.
Medina observa que aunque la ley está vigente, muchas empresas no han podido recibir los beneficios, porque no se han creado las condiciones para ser incluidas. El empresario Salvador Estévez aseguró que con la legislación se garantizan empleos. A su vez consideró que si no se tienen exportaciones competitivas perderían el mercado en el exterior.
“Nosotros como empresarios necesitamos y buscamos una rentabilidad, así mismo esos pueblos fronterizos, en la medida en que le damos el sentido de pertenencia y progreso también invierten en su pueblo”, consideró el empresario Pedro Bretón.
Sostuvo que el sector empresarial pone un granito de arena. Percibe que al principio la ley (28-01) fue muy torpedeada. Expuso que si hubiesen tenido un poco de apoyo se tendría más avance, al tiempo de significar que que el Gobierno y los empresarios saben lo que quieren. Instó a unir esfuerzos por el desarrollo de la frontera.
Proyecto ampliaría beneficios de la Ley 28-01
El diputado Darío Zapata presentó un proyecto de ley que propone se mantenga la vigencia de los incentivos de la Ley 28-01 y reducir de 27 a 13 el número de integrantes del Consejo de Frontera, para hacerla más operante. El proyecto fue devuelto hace cuatro meses a estudio de una comisión, a petición del Poder Ejecutivo, que pidió consensuar algunos puntos. Dijo que 17 empresas están pendientes de recibir los incentivos.
La diputada Nancy Santos, que dirige la Comisión de Frontera de la Cámara de Diputados, sostuvo que han estado trabajando durante varios años con miras a garantizar que permanezcan los incentivos.
Sostuvo que dentro de tres años, esa legislación caducará. “En nuestras provincias somos celosos con esa ley, celosos con las empresas que están establecidas en las diferentes provincias que ya pasan de 80”, indicó.
Considera que esa es una zona especial, por lo cual merece atención. El abogado Miguel Núñez planteó que si se pretende modificar la ley, que sea para ampliar el tiempo para los incentivos, porque el plazo de 20 años no ha sido suficiente.
El asesor Manuel Amézquita expuso que las empresas viables son para Pedernales, las mineras, y en Elías Piña, Monte Cristi y Santiago Rodríguez, las agropecuarias.
