La difícil coyuntura internacional que enfrentan los países de Latinoamérica como resultado de la caída de los precios de bienes básicos y la desaceleración de la economía y del comercio mundial, han resultado en un marcado deterioro de indicadores de estabilidad macroeconómica, incluyendo aumentos en inflación, depreciaciones importantes de sus monedas, aumentos del déficit fiscal, de los déficits de cuenta corriente jalonados por el creciente déficit de la balanza comercial, y de un aumento general en la percepción de incertidumbre reflejado en costos de financiamiento externos.
Muchos de los debates se han centrado en el desempeño de las exportaciones y de las cuentas externas y la débil reacción de las exportaciones a la tasa de cambio. Hacedores de política en toda la región, y en particular en países con regímenes de tasa de cambio flotante, contaban con este estabilizador automático y sobrevendieron la rapidez de la estabilización ignorando los muchos factores complementarios necesarios para acelerar la transición hacia la parte ascendente de la “curva J”. También se identificaron correctamente algunas de las explicaciones de esta débil reacción.
Otros han señalado la enfermedad holandesa y el debilitamiento del aparato productivo como el causante de las dificultades para adaptarnos a esta nueva coyuntura. Sin embargo, frecuentemente han acompañado el diagnóstico con recomendaciones de política basadas en ideas correspondientes a lo que yo clasificaría como viejas políticas industriales. El énfasis en una noción del sector manufacturero anclada en ideas de sustitución de importaciones y una lectura equivocada sobre el fenómeno de la desindustrialización ha llevado a algunos en la región a volver a proponer un enfoque de política enfatizando la necesidad de protección arancelaria, la conveniencia de intervenciones en precios, e ignorando muchas de las enseñanzas de experiencias pasadas con políticas industriales. Lo cierto es que la coyuntura internacional y regional ha puesto al descubierto muchos de los factores que impiden que las economías de la región sean resilientes a choques externos y las tareas inconclusas en competitividad, entendida como el conjunto de factores, instituciones, y políticas que determinan la productividad.
El Banco Interamericano de Desarrollo en su documento “¿Cómo Repensar el Desarrollo Productivo?” propuso un útil marco conceptual para avanzar en la formulación de políticas que contribuyeran a diversificar y sofisticar el aparato productivo y las canastas de exportación de región, sin caer en los problemas de economía política, o fallas de gobierno, pero solucionando las fallas de mercado que justifican las políticas públicas.
Uno de los puntos clave que menciona el BID en su documento es la necesidad de contar con una institucionalidad adecuada para la implementación de políticas que resuelvan fallas de mercado. En el tercer capítulo del libro hacen algunas recomendaciones sobre las características de esa institucionalidad.
La competitividad es entendida como el conjunto de factores que permiten que haya aumentos de la productividad. Entender estos factores y diseñar políticas públicas para la competitividad es esencial dado que la productividad es el principal determinante del crecimiento y del nivel de ingresos futuros. Una de los referentes para medir y evaluar la competitividad es el Índice Global de Competitividad del Foro Económico Mundial que clasifica en 12 pilares los factores que determinan la productividad. El índice, presentado anualmente en el Informe Global de Competitividad permite comparar factores entre países, analizar la evolución anual de diferentes factores entre países, identificar brechas y rezagos, y diseñar políticas públicas para la competitividad.
Dado que la competitividad cubre una gran variedad de factores que interactúan entre sí, el diseño de las políticas indicadas no puede depender de una sola entidad de gobierno. Debe ser prioridad de todo el gobierno y construida mediante un esquema de coordinación y articulación entre entidades del nivel nacional y de las regiones y entre el sector público y el sector privado. Al ser los factores de la competitividad elementos que facilitan o impiden el aumento de la productividad, y dado que esta es esencialmente microeconómica, la comunicación con el sector privado y con entidades del nivel local, es esencial.
El diálogo público-privado estructurado ayuda a identificar y transmitir información para la construcción de políticas públicas y asegura la correcta priorización de políticas y el concurso y activa participación del sector empresarial en la construcción y seguimiento de las políticas. Sin embargo, este diálogo debe fundamentarse en una serie de criterios que focalicen las discusiones en temas de competitividad y de la agenda de largo plazo, evitando el énfasis en agendas de corto plazo, de interés particular, o sujetas a coyunturas políticas y económicas temporales.
