Reale Júnior intervino en la primera de tres sesiones en que la Cámara de Diputados decidirá si el proceso contra la mandataria va al Senado, instancia que decidirá si finalmente será sometida a un juicio con miras a su destitución.
«Hubo un golpe en Brasil, sí», declaró el jurista en alusión a la calificación que la propia Rousseff le da al proceso, pero indicó que «el golpe fue enmascarar la situación fiscal del país hasta llegar al punto de quiebra en que se encuentra hoy».
Según la acusación, Rousseff realizó maniobras contables ilegales para maquillar los resultados del Gobierno en 2014 y 2015, modificar presupuestos mediante decretos y acumular deudas y contratar créditos con la banca pública.
Reale Júnior sostuvo que esas maniobras comenzaron en 2014, para favorecer la reelección de Rousseff, y luego «siguieron con enormes gastos públicos que quebraron el país» y llevaron al Gobierno a «valerse del dinero de los bancos públicos para disimularlo».
El jurista contestó a la afirmación del Gobierno, que sostiene que no hubo delito en esas maniobras, que a lo sumo admite como algún tipo de «falta» administrativa y contable.
«¿Cuál delito es más grave? ¿El del presidente que se mete en el bolsillo dinero público o el de un presidente que, por mantenerse en el poder, no respeta límites y destruye la economía mediante gastos inútiles, la corrupción y el desvío de dinero de sus secuaces?», planteó Real Júnior.
En esta sesión, la primera de tres sobre el asunto, que concluirán el domingo, el pleno de la Cámara baja escuchará también al abogado general del Estado, José Eduardo Cardozo, que representa a Rousseff en el proceso.
Luego, los jefes de los grupos de los 27 partidos representados en la Cámara de Diputados podrán tomar la palabra por un máximo de una hora cada uno, lo que pudiera llevar a que la sesión concluya durante la mañana del sábado.
Ese día, habrá una segunda sesión de debates, en la que podrán intervenir los 513 diputados, y el domingo se celebrará la votación, que se prevé que concluirá bien entrada la noche.
Si los parlamentarios se inclinan por proseguir el proceso, el Senado deberá decidir, en un plazo aún no establecido, si finalmente se abre el juicio político a Rousseff, que tendrá lugar en esa Cámara legislativa.
En caso que el proceso sea abierto, Rousseff sería separada del cargo durante los 180 días que tendrá el Senado para realizar el juicio y en ese período la reemplazaría el vicepresidente Michel Temer, primero en la línea sucesoria y también bajo amenaza de un juicio político.
El trámite ha sido retomado después de que la Corte Suprema rechazó, en la madrugada de hoy, una demanda presentada por la Abogacía General del Estado, que pedía anular parte del proceso por supuestos «vicios procesales», que fueron desconsiderados por la mayoría de los magistrados.
