La Corte Suprema de Brasil incluyó en la investigación sobre la red de corrupción de Petrobras confesiones de un senador oficialista que involucró a la presidente Dilma Rousseff, a su predecesor Lula da Silva y al ahora opositor vicepresidente Michel Temer.
Un juez del Supremo Tribunal Federal (STF) aceptó de ese modo, el miércoles por la noche,incluir el pedido del fiscal general Rodrigo Janot de incluir en el expediente de la operación Lava Jato ciertos trechos de las declaraciones hechas por el senador Delcidio do Amaral, en el marco de un acuerdo de «delación premiada».
El juez también retiró el secreto de sumario sobre los mencionados, sin que ello signifique que el STF abrirá forzosamente una investigación sobre ellos, según precisó la estatal Agencia Brasil.
De acuerdo con las confesiones de Amaral incluidas en los legajos, Rousseff «estaba perfectamente al tanto» del proceso de compra de una refinería en Pasadena (EEUU) que resultó ruinoso para la estatal petrolera Petrobras. Además, habría nombrado a un juez del STF con el objetivo de trabar las investigaciones de la Lava Jato, conducidas por el juez de primera instancia Sergio Moro.
Lula, por su lado, habría tratado de interferir para que el ex director del Área Internacional de Petrobras Nestor Ceveró desistiese de llegar a un acuerdo de delación premiada con la justicia.
Y Temer habría «apadrinado» el nombramiento de un director de BR Distribuidora, una subsidiaria de Petrobras, en el centro de otro escándalo, relacionado con una presunta compra ilícita de etanol entre 1997 y 2000, durante la presidencia de Fernando Henrique Cardoso.
Todos los mencionados ya habían negado previamente que esas sospechas tuviesen algún asidero, al tiempo que apuntaron contra Amaral por manipular su declaración.
Rousseff, del Partido de los Trabajadores (PT), se halla actualmente amenazada por un juicio político que podría terminar con su destitución (impeachment) si es admitido en mayo por el Senado. En ese caso, la mandataria sería sustituida por el centrista Temer, a quien la jefa de Estado acusa ahora de liderar un «golpe de Estado» institucional.
La justicia electoral examina por su lado si la campaña de la fórmula Rousseff-Temer en 2014 recibió dinero procedente de los sobornos de la red de Petrobras. En ese caso, podría declarar nulas esas elecciones y convocar nuevos comicios. Esa salida es preconizada por numerosos políticos, pero los especialistas afirman que difícilmente habrá una decisión al respecto antes de 2017.
