Si buscamos en el Cambridge Business Dictionary el término ‘derisk’, encontraremos la siguiente definición primigenia: ‘To make something safer by reducing the possibility that something bad will happen and the money will be lost’. Este término ha sido también asimilado, entre varias de sus aplicaciones financieras, como la acción que están realizando los grandes bancos -obligados por las fuertes regulaciones de prevención de lavado de dinero-, de limitar las relaciones comerciales con clientes procedentes de países o sectores considerados de riesgo, por la probabilidad de que puedan tener relación con algún tipo de operación fraudulenta. América Latina es clasificada, por lo general, zona de riesgo, de modo que el ‘de-risk’ incide directamente en la fluidez de su mercado y en la dificultad para acceder a instrumentos financieros en dólares necesarios en negocios legítimos. El asunto es que están pagando justos por pecadores. Aunque pueda parecer una cuestión secundaria, lo cierto es que el de-risk está impactando en el sector productivo y en las economías latinas, sin poder descartar a República Dominicana.
La ABA considera que hay una sobre-regulación
La Asociación de Bancos Comerciales de República Dominicana (ABA), en palabras de su presidente, José Manuel López Valdés, afirma que el De-risk “es consecuencia de las crecientes exigencias regulatorias impuestas a los bancos que operan en Estados Unidos en lo que respecta al cumplimiento de las normas relacionadas con la prevención de lavado de activos y de financiamiento del terrorismo (entre ellas, la llamada ‘Conozca a su Cliente’ y, más recientemente, ‘Conocer al Cliente de tu Cliente’). Ello ha aumentado el costo de cumplimiento regulatorio y, en muchos casos, este costo no ha podido ser cubierto con los ingresos que genera el negocio de corresponsalía”.
Consecuencias negativas
Según estima el Sr. López Valdés, estas exigencias no solo provocan el cierre de cuentas por parte de bancos corresponsales, sino que también han afectado negativamente a las remesas, las transferencias internacionales y al financiamiento del comercio exterior. Además, esta práctica promueve los canales informales no suficientemente regulados, creando desventajas competitivas y perjudicando la inclusión financiera. Al fomentarse dichos canales, paradójicamente, aumenta el riesgo de lavado de activos y de financiamiento del terrorismo, es decir, una excesiva regulación puede conducir a un mayor riesgo, argumenta el presidente de la ABA.
La propuesta
Para los bancos comerciales, el reto es lograr del regulador que la normativa se coloque en un punto de equilibrio donde se aplique el ‘Enfoque de Administración Basado en el Riesgo’, la recomendación número 1 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). De esa forma, las medidas de prevención serían proporcionales a los riesgos identificados.
Inquietudes
El impacto del ‘de-risking’ y la exhaustiva normativa conllevan a que haya un buen número de clientes legítimos que emigren desde instituciones financieras consolidadas por su capacidad y amplitud hacia entidades más pequeñas, como uniones de crédito, cooperativas, microfinancieras o bancos comunitarios que, dados sus escasos presupuestos, no cuentan con los controles necesarios para la prevención del lavado de dinero.
Para algunos bancos corresponsales e internacionales, un ‘de-risking’ masivo puede propiciar daños sociales como consecuencia de una inevitable exclusión financiera (por ejemplo, a pequeños exportadores agrarios), así como limitar la innovación y la competitividad de las empresas, perjudicando su acceso a mercados financieros globales.
El éxito de las prácticas ‘de-risking’ con responsabilidad también va a depender de la disponibilidad de acceso a la información digital, así como de la transparencia de gobiernos y empresas. Habría que evitar reacciones estereotipadas y discriminatorias contra los clientes, mediante la aplicación de unas normas con equilibrio que no dejen de ser efectivas contra el lavado de dinero y otras operaciones fraudulentas.
Jesús Martín
Los clientes se re-evalúan para evitar multas
La globalización ha traído consigo una mayor complejidad en la operación del mercado financiero internacional. Para tratar de controlar los miles de millones de transacciones que se hacen diariamente mediante un continuo intercambio electrónico, las instituciones financieras se han visto obligadas no solo a asumir la normativa de sus propios reguladores locales, sino además los requerimientos de los mercados internacionales en los que operan. Ello se debe a que es imposible trabajar sin dólares, sin euros y hasta sin libras, a pesar de su reciente crisis. Las instituciones financieras han de re-evaluar sus carteras de clientes y bancos corresponsales para reducir su exposición al riesgo de operar transacciones financieras que pudieran involucrar a las entidades con grupos de crimen organizado o con operadores financieros que no se han identificado claramente. Re-evaluar las relaciones de negocio implica un proceso investigativo complejo y costoso para las instituciones financieras, que ya de por sí han de asumir sus propios costos de cumplimiento. Sin embargo, lo primordial es evitar una fuerte sanción económica y, peor, recibir un duro golpe en la reputación de la entidad.
