El Banco Central de la República Dominicana presentó este jueves un balance de la situación económica nacional y mundial, a propósito de la pandemia, la reactivación económica y la sostenibilidad de la deuda. En ella, el órgano rector explica que el nivel de deuda pública dominicana podría llegar a alrededor de 68.1% del PIB a final de 2020, superando el escenario de crisis financiera del 2004, que representó el 46.9% del PIB.
La entidad indica que el impulso fiscal que se espera al 2022, «requerirá de mayores ingresos, de financiamiento y de la reducción de gastos que puedan considerarse innecesarios, especialmente si se contempla estabilizar el nivel de endeudamiento, al menos en el mediano o largo plazo”.
En efecto, las tres agencias calificadoras mundiales Fitch Ratings, Moody’s y Standard & Poor’s coinciden en señalar que el principal desafío económico dominicano es la aprobación de una reforma fiscal, lo cual redundaría favorablemente en la calificación crediticia y en garantizar la sostenibilidad del endeudamiento.
El pasado mes de octubre, el presidente Luis Abinader encomendó al Consejo Económico y Social (CES) comenzar la discusión de los pactos eléctrico y fiscal para que estuvieran consensuados en un plazo de seis meses, que se cumplen el próximo mes de abril del 2021, para que ambas reformas sean aplicables al 2022. “Estos pactos son esenciales para la sostenibilidad de las finanzas públicas y poder, entre todos, decidir el país que queremos», dijo el presidente a inicios de octubre.
En su comunicado de este jueves, el Banco Central, explicó que el Gobierno dominicano “está consiente de su realidad fiscal y sanitaria, y en ese sentido, transita por la dirección correcta, como avalan el FMI y las principales agencias calificadoras de riesgo crediticio”.
Agrega que no se puede perder de vista que este es el momento de seguir apoyando la economía, especialmente aquellos sectores que han sido fuertemente golpeados como el turismo, proveyendo tanto la liquidez necesaria, a través de la política monetaria del Banco Central, y la asistencia directa a las familias dominicanas, mediante una política fiscal que aplique oportunos y efectivos programas sociales y que a la vez promueva la inversión pública en proyectos de infraestructura que beneficien el país en el mediano y largo plazo
