La farmacéutica estadounidense Rochester Drug Co-Operative y su exconsejero delegado Laurence Doud fueron imputados en Nueva York por conspirar para traficar con narcóticos y defraudar a Estados Unidos, convirtiéndose en la primera empresa en ser procesada por la crisis de los opiáceos en este país, que tiene en el tráfico una arista del problema y otro en la publicidad engañosa.
Las sobredosis relacionadas con opioides en EEUU se saldaron con más de 47 mil muertes en 2017, de las cuales un 36 % incluían drogas que habían sido suministradas con receta médica.
El término opiáceo se refiere a los alcaloides presentes en el opio, un extracto de la exudación lechosa y blanca obtenida de la incisión de la cápsula de la amapola o adormidera. También se ha utilizado tradicionalmente para referirse a los derivados naturales y semi-sintéticos de la morfina.
La compañía Rochester Drug Co-Operative, con sede en el estado de Nueva York, está acusada de distribuir decenas de millones de oxicodona, fentanilo y otros opiáceos a proveedores sospechosos de realizar actividades ilegales, según indicaron medios locales, lo cual sirvió para agravar la crisis por el consumo de estas drogas.
Según el escrito de acusación de la Fiscalía, «Doud y otros miembros ejecutivos instruyeron a los empleados a contravenir sus políticas y el reglamento de la agencia antidrogas (DEA, en inglés), de tal manera que la compañía siguió haciendo negocios con clientes que, Doud sabía, probablemente desviaban sustancias controladas».
Asimismo, estas acciones sirvieron para «incrementar la compensación de Doud», de acuerdo con el documento judicial.
Cuando el exconsejero delegado fue confrontado por un compañero ejecutivo para poner fin a sus tratos con una cadena de farmacias que, supuestamente, se estaba convirtiendo en uno de los mayores dispensadores nacionales del altamente adictivo spray Subsys, él respondió: «¡Mátalo y muere!».
Doud ha sido arrestado y permanece en custodia policial hasta su comparecencia ante un tribunal federal en Manhattan.
La Fiscalía federal del Distrito sur de Nueva York -el mismo donde se juzgó a Joaquín «El Chapo» Guzmán entre noviembre del año pasado y febrero del presente- también presentó una demanda contra la compañía en la que reclama «multas y medidas cautelares».
La DEA ha estado investigando durante años si la compañía no cumplió las leyes farmacéuticas.
De acuerdo con los archivos presentados ante el juzgado, entre 2012 y 2016 Rochester Drug Co-operative recibió más de un millón y medio de pedidos de sustancias controladas, pero solo destacó cuatro como sospechosas ante la DEA. De acuerdo con la Fiscalía, esta cifra ascendía a 2.000.
La compañía declaró haber comenzado la negociación de un pacto de declaración de culpabilidad en cuanto a la variable criminal del caso, así como haber aceptado pagar una multa de 20 millones en la rama civil del mismo.
«Hemos cometido errores… y la empresa entiende que estos errores, cometidos por la antigua dirección, tienen serias consecuencias», afirmó en una declaración un portavoz de la compañía.
Purdue Pharma acusada de agravar la crisis de los opiáceos con publicidad engañosa
A finales de marzo pasado, la firma farmacéutica Purdue Pharma acordó el pago de 270 millones de dólares al estado de Oklahoma en una de las más de 1,600 demandas que enfrenta por su presunta responsabilidad en agravar la crisis de los opiáceos en EEUU.
Los recursos que desembolse Purdue Pharma, el fabricante de oxicodona, un potente y adictivo analgésico, se destinarán a financiar la investigación y el tratamiento de la adicción en Oklahoma y al pago de gastos legales.
«Vemos este acuerdo con Oklahoma como una extensión de nuestro compromiso de ayudar a impulsar soluciones a la crisis de la adicción de los opiáceos», dijo en un comunicado el consejero delegado del gigante farmacéutico, Craig Landau.
Purdue y sus propietarios, la familia Sackler, también apoyarán con 177.5 millones de dólares a la fundación del Centro Nacional de Estudios y Tratamiento de Adicciones en la Universidad Estatal de Oklahoma, en Tulsa.
«El acuerdo alcanzado brindará asistencia a las personas de todo el país que necesitan desesperadamente de estos servicios», dijeron los Sackler en otro comunicado.
El diario neoyorquino The Wall Street Journal reveló a principios de ese mes que Purdue Pharma estudiaba declararse en bancarrota, con lo que buscaría paralizar los más de 1,600 procesos en su contra impulsados por ciudades, condados y estados del país por supuesta publicidad engañosa para aumentar sus ventas de opiáceos.
El acuerdo de finales de ese mes fue fruto de una demanda presentada hace dos años por el fiscal general de Oklahoma, el republicano Mike Hunter, en la que alegaba que la farmacéutica participó de la crisis de los opiáceos con una campaña agresiva de ventas de oxicodona y afirmaciones engañosas que negaban los peligros de la adicción.
Según NPR, Hunter ha solicitado más de 20 mil millones de dólares en daños en procesos contra Purdue Pharma y otras farmacéuticas.
El Tribunal Supremo de Oklahoma rechazó recientemente una apelación presentada por varios fabricantes de opiáceos con la que buscaban retrasar un juicio del estado en su contra, cuyo inicio está previsto para mayo.
