El presidente de EE UU, Donald Trump, calificó de “ridícula” la decisión del juez federal, James Robart, que bloqueó temporalmente la orden ejecutiva que firmó el pasado 27 de enero la cual vetaba a ciudadanos se siete países (Siria, Irán, Sudán, Libia, Somalia, Yemen e Irak) entrar y permanecer en territorio estadounidense.
A través de sus redes sociales, aseguró que la sentencia acabará «anulada» y que de no aplicar su decreto causará «grandes problemas» en el país. Trump reaccionó a la sentencia firmada este viernes 3 de febrero por el juez federal que prohíbe a los trabajadores federales de todo el país aplicar el decreto. La decisión judicial obligó al Gobierno a comunicar a las aerolíneas que ya pueden aceptar de nuevo a todos los pasajeros.
Robart, un juez nominado por el expresidente republicano George W. Bush apuntó en su decisión que las «circunstancias presentadas» ante él «son tales que requieren una intervención para cumplir con el orden constitucional».
La noche del viernes, tras conocerse la sentencia, El Presidente escribió: «¡Tenemos que mantener al ‘diablo’ alejado de nuestro país!». La Casa Blanca anunció en un comunicado que el Departamento de Justicia apelará el dictamen «lo antes posible» y que la Administración considera que el decreto migratorio es «legal y adecuado». El portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, aseguró que «la orden tiene la intención de proteger el territorio nacional y [el presidente] cuenta con la autoridad y la responsabilidad constitucional de proteger al pueblo americano», reseñaron medios digitales.
El juez Robart no se ha pronunciado sobre la legalidad del decreto, sino que ha pedido que no se aplique hasta determinar cuál de las partes lleva la razón en el caso.
El juez federal James Robart. / Twitter
El decreto presidencial del mandatario republicano bloquea la entrada en EE UU de los refugiados sirios de manera indefinida. La orden también veta a los inmigrantes de siete naciones de mayoría musulmana y a los refugiados de otros orígenes, durante los próximos tres y cuatro meses, respectivamente. Su entrada en vigor desató una oleada de protestas y caos en aeropuertos de EE UU y del resto del mundo. La Casa Blanca defiende que no se trata de un veto contra los musulmanes y que el objetivo del decreto es proteger la seguridad nacional.
