Sonia Fernández recuerda ese 12 de enero de 2018 como uno de los peores momentos de su vida. No bien había recibido la triste noticia del fallecimiento de su madre, Elisa Brito, cuando fue advertida de que necesitaba saldar la cuenta ascendente a 897 mil pesos para recibir el cadáver y poder brindarle sepultura.
Brito, de 54 años, padecía de aplasia medular, una enfermedad en la que la médula ósea roja desaparece y deja de producir glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas.
En entrevista a Diario Libre, Sonia contó que el tratamiento para esta enfermedad es muy elevado, consumiendo casi 100 mil pesos semanales. «Solo unas pastillas, Revolade, costaban más de 50 mil pesos en ese entonces, una caja de 27 pastillas y ella se tomaba tres al día», detalló.
En sus últimos días, Elisa tuvo que ser ingresada a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). «La suerte es que mami contaba con un plan complementario», dijo Sonia sobre la cobertura de su Administradora de Riesgos de Salud (ARS).
Esto permitió que al momento de saldar la cuenta en el Centro de Diagnóstico Medicina Avanzada y Telemedicina (Cedimat) solo quedara una diferencia de 30 mil pesos, de los cuales abonó 10 mil.
«Con el cuerpo de mi mamá todavía tibio, me llevaron a una oficinita llena de cajas. Me pasaron unos documentos entregando la deuda a una oficina de abogados. Lo que pasa es que si usted no firma esto, no le entregamos el cadáver, me dijeron. No te dan otra opción. Lo hice por la misma presión porque lo que tenía era para cubrir el funeral», contó.
Tras cuatro meses de cobro compulsivo de parte de los abogados, con llamadas todos los días, Sonia pudo saldar la deuda gracias a un tío que le facilitó el dinero. Por los intereses, debieron sumarle siete mil pesos al total.
Fernández estuvo a punto de formalizar la queja en la Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA) pero al su tío intervenir y cubrir el monto pendiente, obvió ese paso.
Aprehensión por deuda
En el caso de Radhamés, hace dos meses, su hermano Francisco presentó un fuerte dolor en las piernas y fue llevado al hospital público en Higüey, donde sin hacerle ninguna analítica, le pasaron un suero y lo dejaron bajo observación sentado en una silla.
Al ver que no mejoraba, sus familiares deciden ingresarlo en un centro privado (Clínica La Altagracia), donde fue llevado a UCI. A Francisco le indican una tomografía con contraste y un panel respiratorio, estudios que debían hacerse en un laboratorio externo.
Tras un viaje en ambulancia, Francisco llega a la capital y es ingresado en el Centro Oriental de Ginecología y Obstetricia, donde recibe el diagnóstico de cáncer de páncreas con metástasis y una cuenta que sumó 300 mil pesos, quedando una diferencia de 63 mil pesos luego de rebajar la cobertura de la ARS.
Francisco falleció el pasado mes de febrero y la respuesta que Radhamés recibió fue: «Si no paga, no puede llevarse al paciente«.
«Aquí lo primero que falló fue el servicio público, no debe haber un desamparo tan grande de parte del sistema. Las ARS son indiferentes, se comportan con apatía, con frialdad. Están para brindar un servicio cuando el paciente está enfermo, no sano», se quejó.
Al día de hoy, reclama el pago de 20 mil pesos de honorarios a un inmunólogo que no estaba dentro del catálogo de servicios y que dice que nunca autorizó.
