Alejandrina Salazar Hernández y Emma Coronel Aispuro, identificadas como esposas de Joaquín «El Chapo» Guzmán Loera, y su hija Alejandrina Gisselle Guzmán Salazar, presentaron ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) 24 diferentes solicitudes de registro de marcas para comercializar múltiples productos, de los cuales cuatro ramos fueron aprobados con vigencia al año 2020.
Entre los artículos que podrían ser comercializados se encuentran: artículos de joyería, relojería, metales preciosos, cuero, maletas, juguetes y adornos para árboles de navidad.
Con el número de expediente 1121753 y 1219281 como número de registro, el IMPI autorizó el registro de la marca «El Chapo» entre las que se plantearon otras como: El Chapo Guzmán, Joaquín El Chapo Guzmán, El Chapito Guzmán, El Chapito, Joaquín Archivaldo Guzmán Loera El Chapo Guzmán y Don Chapo Guzmán.
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El registro de estas marcas aparecen en el Global Brand Database de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI); se proporciona el número de autorización para evitar que en otros países se utilice el nombre y en qué se puede utilizar.
Sin embargo, Guzmán Salazar no fue la primera persona que obtuvo la denominación «El Chapo» en los registros. De acuerdo a la web del periódico mexicano Milenio, el uso de esa marca le fue también otorgado a Raúl Espinoza Tristán, a Ernesto Pérez Zafaste y a María de los Ángeles Moreno Rodríguez. Se desconoce si estas personas tienen relación alguna con el líder del cártel de Sinaloa.
De esta manera, la marca «El Chapo» también podrá comercializar aparatos e instrumentos científicos, náuticos, topográficos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medir, de señalización, de control, de socorro, de enseñanza. Aparatos e instrumentos para conducir, transformar y regular la electricidad; artículos para la educación, la capacitación, entretenimiento, para actividades culturales y deportivas. También para vestuario, calzado y sombrerería.
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Gran parte de los nombres a registrar fueron rechazados ante el IMPI debido a que los nombres de las marcas son «contrarios a la moral y a las buenas costumbres» prohibidas en el artículo 4 de la Ley de Propiedad Industrial, pues reproducen «el alias o sobrenombre de una persona que es buscada por la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía), en un contexto social como el que vivimos en la actualidad, los actos ilícitos y delictivos dañan profundamente a la sociedad mexicana y afectan a cada uno de los integrantes de la misma».
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